Caciques telecom: cuando el municipio decide quién vende Internet

En algunos municipios de México, el mayor obstáculo para llevar Internet a una comunidad no está en conseguir fibra óptica, financiamiento o clientes. Está en conseguir un permiso.

Y detrás de ese permiso puede existir un problema mucho mayor:

Pequeños operadores de Internet que despliegan redes de fibra óptica en localidades donde las grandes compañías no siempre encuentran condiciones para invertir, hoy están enfrentando trámites prolongados, negativas sin clara justificación, multas y cobros que, según testimonios recabados por NITRO, pueden oscilar entre 15,000 y 150,000 pesos por kilómetro para obtener determinados permisos municipales.

Pero entre los casos conocidos por fuentes que participan directamente en procesos de despliegue, existe una acusación todavía más delicada:

Municipios donde funcionarios, familiares de autoridades o personas políticamente relacionadas con ellas, también tendrían intereses en los proveedores locales de Internet.

Entonces, la autoridad local encargada de facilitar o de autorizar un despliegue podría encontrarse en posición de decidir sobre la entrada de alguien que luego competirá contra un negocio relacionado con su propio entorno o su fuente de ingreso directa.

Ellos se apropiaron del municipio y de la localidad, y solamente su servicio es el que da acceso en las localidades (…) Es una especie de cacicazgo digital”, aseguró una de las fuentes.

Los señalamientos corresponden a un patrón observado en distintos proyectos de todo el país y, quizá, no constituyen por sí mismos la acreditación de responsabilidades.

Pero sí evidencia que quien controla administrativamente la entrada de infraestructura a un municipio, tiene simultáneamente un interés económico directo o indirecto en ese mercado.

Por tanto, el problema deja de ser solamente burocrático, porque puede convertirse en un asunto de competencia económica, en un tema de conflicto de interés y, si las conductas se acreditan algún día por una autoridad que investigue las denuncias, pudiera constituir también casos corrupción.

Un problema sin color partidista

La problemática tampoco puede atribuirse responsablemente a un solo partido político.

Las fuentes afirman haber encontrado obstáculos bajo administraciones de todos los colores.

No importa entonces si el presidente municipal pertenece o simpatiza con una fuerza política en particular.

El problema surge cuando una autoridad utiliza o pudiera utilizar facultades públicas sobre permisos, obras, inspecciones o sanciones para obstaculizar la entrada de un competidor para favorecer otros intereses particulares.

El riesgo, entonces, no es partidista. Es institucional.

Donde los grandes operadores no llegan

Los afectados que NITRO relata tampoco tienen necesariamente las dimensiones de las cuatro grandes compañías de nivel nacional que despliegan redes para el mercado masivo, que también han padecido y denunciado los cobros municipales.

Se trata aquí de pequeños empresarios que pueden comenzar llevando Internet a una localidad y posteriormente extender su inversión de fibra hacia comunidades vecinas.

Una población puede tener apenas 100 o 120 viviendas, insuficientes para atraer determinadas inversiones de mayor escala, pero conectada con otras puede hacer económicamente viable una pequeña red regional.

Una de las fuentes lo llama una “red neuronal”: Cada comunidad permite alcanzar la siguiente.

Bloquear un tramo desde el escritorio con la negativa de un permiso puede detener toda la expansión.

NITRO recomienda: Despliegue de infraestructura: ¿Es suficiente la homologación de trámites?

Entre los casos conocidos existen operadores que, afirman las fuentes, llevan hasta dos años sin poder ampliar determinadas redes.

Las inversiones involucradas pueden ir desde aproximadamente 1 millón hasta 50 millones de pesos, dependiendo de las dimensiones del proyecto.

El problema alcanza incluso a la infraestructura existente, pues una fuente próxima a la costa citó la palabra “sabotaje” en sus comentarios con NITRO.

Según otro de los testimonios, algunos pequeños proveedores encuentran además obstáculos para realizar mantenimiento o reparar fibra dañada.

Hay cortes de fibra (…) Ya no se puede dar ese mantenimiento. Entonces, la gente es la que está sufriendo sin Internet”, relata.

En ese momento, una barrera administrativa deja de afectar solamente a una empresa y ahora alcanza directamente al usuario.

El costo municipal de desplegar fibra: hasta 150,000 pesos por kilómetro

Existe un segundo problema que no debe confundirse con posibles conflictos de interés: La dispersión de trámites y costos entre municipios, estados y Federación.

Cobrar por utilizar infraestructura o exigir ordenamiento urbano no constituye por sí mismo una irregularidad.

El problema aparece cuando la tarifa resulta desproporcionada o la acumulación de permisos convierte el cumplimiento administrativo en una barrera económica.

Las fuentes compartieron con NITRO fichas de aproximadamente 15,000 pesos por kilómetro y otras cercanas a los 150,000 pesos para determinados permisos municipales.

Entre ambos extremos existe una diferencia de 135,000 pesos y una relación de 10 a 1. Y se insiste: Ocurre en todo el México profundo.

En un proyecto hipotético de 10 kilómetros, esos extremos significarían desde 150,000 hasta 1.5 millones de pesos, si la misma tarifa aplicara a toda la extensión.

A ello se suman postes, ingeniería, mano de obra, derechos de vía y otras autorizaciones.

Según las experiencias, hace cinco o seis años el tendido de fibra representaba aproximadamente entre 6 y 7 pesos por metro, frente a alrededor de 10 u 11 pesos actualmente, sin considerar todos los demás componentes de la infraestructura.

El aumento sería de aproximadamente 43% a 83%, dependiendo del punto de comparación.

En otro escenario relatado a NITRO por una de las fuentes, un proyecto presupuestado originalmente en alrededor de 1 millón de pesos podía terminar agregando aproximadamente 1.5 millones de pesos entre permisos y autorizaciones de distintas autoridades.

El desembolso alcanzaría 2.5 millones de pesos, equivalente a 150% más que el presupuesto original.

No todos los proyectos enfrentan esos costos. Precisamente, la dispersión es parte del problema.

La homologación de trámites sigue pendiente en los municipios

La discusión no es nueva, porque el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reconoció desde el año 2024 que la diversidad de requisitos, barreras normativas y determinados cargos dificultaban el despliegue de infraestructura, por lo que recomendó simplificar procedimientos, evitar cobros injustificados y avanzar hacia ventanillas únicas.

La legislación actual encomienda a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) avanzar en la homologación y simplificación de trámites relacionados cLa brecha digital también se construye desde una ventanilla con instalación, despliegue, mantenimiento y retiro de infraestructura, mediante coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

El Plan Nacional de Conectividad 2026–2030 también contempla esa simplificación.

Pero mientras Federación, estados y municipios terminan de homologarse, el pequeño ISP sigue enfrentándose a las reglas, tarifas y funcionarios del municipio donde necesita colocar el siguiente kilómetro de fibra.

Las fuentes identifican con documentos facilitados a NITRO este tipo de experiencias, principalmente, en municipios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y por regiones, especialmente en el centro y Bajío de México.

En un voto de confianza, las fuentes advierten que sólo conocen directamente los proyectos en los que participan y que esos casos, quizá, no pudieran extrapolarse a todo el país.

Todo es hablado dentro (de la industria), pero nadie dice nada hasta que los costos de esos permisos consumieron los proyectos”.

Existe además una razón por la cual estas historias rara vez llegan a los grandes foros de telecomunicaciones:

Estos operadores tienen poco margen para enfrentarse al poder local: Sus propietarios, trabajadores y clientes viven en las mismas regiones.

Una compañía nacional dispone de un formidable equipo de abogados y especialistas regulatorios, sin olvidar los recursos para litigar.

NITRO recomienda: Cables en desuso: ¿quién debe regular su retiro?

Un pequeño ISP puede tener una camioneta, una cuadrilla, fibra, algunos cientos o miles de usuarios y la necesidad de regresar mañana al mismo ayuntamiento al que tendría que denunciar hoy.

Las fuentes también relatan amagos sobre detención de cuadrillas, vehículos al corralón o imposición de multas.

Pero el patrón descrito merece atención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la ATDT y las autoridades competentes en materia de competencia y responsabilidades públicas.

Porque un “cacicazgo digital” aparecería justamente cuando el poder local sobre permisos, inspecciones y sanciones se combina con intereses económicos alrededor del servicio y termina limitando a quien también puede construir una red o vender Internet.

La brecha digital también se construye desde una ventanilla

México quiere cerrar su brecha digital y habla de fibra óptica, 5G, satélites, inclusión y miles de millones de pesos en infraestructura.

Pero la conectividad termina siempre en un lugar concreto: Una calle, un poste y, algunas veces, una comunidad de apenas 100 o 120 viviendas.

Allí puede estar un pequeño operador dispuesto a invertir 1 millón de pesos y avanzar pueblo por pueblo, porque ninguna gran empresa encontró antes las razones suficientes para hacerlo.

Pero después de conseguir financiamiento, comprar fibra y encontrar clientes, su proyecto puede permanecer detenido hasta dos años por un permiso y enfrentar cobros de hasta 150,000 pesos por kilómetro, o encontrarse con una autoridad que pudiera tener intereses alrededor del proveedor contra el que pretende competir.

México enfrenta entonces un problema que las estadísticas de cobertura difícilmente muestran.

La brecha digital no solamente existe porque una empresa decidió no invertir.

Y si México realmente quiere cerrar la brecha digital, homologar trámites y establecer criterios proporcionales para los despliegues este problema no puede entenderse como una discusión burocrática entre Federación, estados y municipios.

Es política de infraestructura. Es política de competencia. Es política de conectividad.

Porque el último kilómetro de fibra que falta para conectar a una comunidad quizá no esté detenido por falta de dinero, tecnología o por falta de demanda.

Puede estar detenido por la persona que tiene que firmar un permiso.

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