¿Derechos o descalabro? Radiodifusores comerciales se erizan por una controvertida propuesta federal

El lunes publicó la CRT sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el capítulo más reciente a un tema de gran interés en los medios mexicanos, y abrió una consulta pública.

El martes difundió la CIRT, como representante de más de 1,200 estaciones comerciales de radiodifusión, sus preocupaciones sobre los lineamientos y dijo que consultaría a sus miembros para formular una postura.

Y para el miércoles ya se habían recibido más de 440 respuestas a la consulta, que seguirá abierta hasta el 21 de agosto.

La propuesta

Los lineamientos propuestos, de 38 páginas, detallan 14 derechos de las audiencias, entre ellos:

• Que la publicidad o propaganda no se presente como información periodística o noticiosa;
• Que en la televisión y radio se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido;
• Que se diferencie el contenido noticioso de opiniones;
• Que se proporcionen subtítulos o doblaje para programas en idiomas otro al español;
• Que no se permita la discriminación y se respeten los derechos humanos, el interés superior de la niñez, y la igualdad de género;
• Que se facilite la accesibilidad de los programas. Para los canales de televisión nacional, se requiere que se proporcione subtitulaje y Lengua de Señas Mexicana en un noticiero y uno de los programas infantiles de mayor audiencia.

El Artículo 2 estipula, “Los presentes Lineamientos en ningún caso podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial, ni para ejercer cualquier tipo de censura previa sobre los Contenidos de las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio y las Concesionarias de Televisión y Audio de Paga.”

Las críticas de la CIRT

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión expresó cuatro inconformidades con los lineamientos, que se reproducen a continuación:

• Los lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad.
• Las sanciones por cada supuesta “falta” informativa son en exceso elevadas, hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador. Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: No designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretende imponer sanciones al margen de la ley.
• Se pretende establecer un “recurso de inconformidad”, a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no.
• Por último, los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. De lo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales.

Qué dice la gente

No obstante, los comentarios ven la propuesta mediante lentes políticas. Se preguntaron si era el papel del Estado o si realmente disminuirían estos lineamientos la desinformación en redes sociales e internet. Algunos ejemplos:

Estoy a favor de que todos los medios de comunicación, ya sea por televisión radio o impresos, sólo difundan información 100% verídica y con sustentos que lo avalen con documentos y una investigación amplía del tema, ya que se dedican a causar pánico en redes sociales y eso provoca que personas vulnerables crean en comentarios o invenciones de los medios de comunicación sólo para opacar o tratar de destituir a nuestra presidenta Claudia (Sheinbaum) y toda la 4T. — Rosalía Alejandra Picazo Millán.

Expreso mi rechazo a esta propuesta, porque considero que no corresponde al Estado decidir, de manera directa o indirecta, qué información deben creer los ciudadanos o qué contenidos son aceptables para ser difundidos.

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En una sociedad libre, la responsabilidad de analizar, contrastar y evaluar la información recae en las personas. Cada ciudadano debe tener la libertad de escuchar distintas versiones de un mismo hecho, consultar diversas fuentes y formar sus propias conclusiones. El papel del Estado debe ser garantizar el acceso a información plural y proteger la libertad de expresión, no convertirse en un árbitro de la verdad. — Jorge Valdez Altamirano.

Estoy totalmente en contra, porque no hay condiciones de piso parejo en cuanto al intento de censura, ya que va únicamente dirigida a los opositores del gobierno en turno. El día que aplique para todo tipo de desinformadores como lo son influencers, youtubers, facebookeros y sus respectivos bots, lo consideraría. — Alfredo Adrián Díaz Barragán.

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