Sheinbaum abre diálogo con la CIRT tras objeciones a los lineamientos sobre derechos de audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, a reunirse con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para atender las inquietudes del sector sobre el anteproyecto de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y actualmente en consulta pública.

La presidenta señaló que el objetivo del encuentro es revisar las dudas planteadas por los concesionarios respecto al proyecto regulatorio.

“Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la CIRT, con todos aquellos que tienen dudas sobre la regulación y los lineamientos que se plantearon, que justamente están a consulta pública”.

Alcance de las sanciones y postura del Ejecutivo

Claudia Sheinbaum sostuvo que las sanciones previstas en el anteproyecto no están relacionadas con el contenido de los programas ni con el trabajo de periodistas o comunicadores, sino con el cumplimiento de obligaciones administrativas por parte de los concesionarios, como la designación de una persona defensora de las audiencias.

“Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo como el nombramiento de un defensor de las audiencias”.

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La presidenta explicó que un concesionario podría ser sancionado si incumple con la obligación de designar a esa figura, encargada de recibir las inconformidades de radioescuchas y televidentes.

También rechazó que el proyecto pueda utilizarse para sancionar a periodistas y recordó que el documento aún puede modificarse durante el proceso de consulta pública.

De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”.

“Todo esto se va a aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura y no tiene nada que ver con sancionar a un reportero. Imagínense, sería absurdo”, declaró.

Observaciones de la CIRT y el sector de la radiodifusión

Las declaraciones ocurren después de que la CIRT manifestara preocupaciones sobre diversos apartados del anteproyecto.

La cámara reconoció que respalda el fortalecimiento de los derechos de las audiencias, pero consideró que algunos conceptos requieren mayor precisión para evitar interpretaciones discrecionales y posibles afectaciones a la libertad de expresión.

Entre sus principales observaciones, la CIRT cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias, el alcance del régimen de sanciones y la posibilidad de admitir quejas anónimas. Asimismo, sostuvo que la legislación vigente sólo contempla multas por no designar un defensor de las audiencias o por no emitir un código de ética.

La CIRT también expresó su desacuerdo con las sanciones previstas para presuntas infracciones relacionadas con contenidos informativos, las cuales podrían alcanzar hasta el 1.0 % de los ingresos anuales acumulados de concesionarios o programadores.

El organismo informó que prepararía una postura consensuada con sus más de 1,200 estaciones afiliadas para presentarla dentro de la consulta pública abierta por la CRT.

Claves del anteproyecto y proceso de consulta pública

El anteproyecto establece que los concesionarios de radio y televisión deberán contar con un código de ética, designar a una persona defensora de las audiencias y distinguir entre información, opinión y publicidad.

Además, contempla un mecanismo para que las audiencias presenten inconformidades y, en determinados casos, la CRT pueda intervenir cuando las recomendaciones de las defensorías no sean atendidas.

La consulta pública permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 y recibirá comentarios de concesionarios, especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles y ciudadanos.

Además de la CIRT, organizaciones como Artículo 19 han advertido que algunos conceptos relacionados con la veracidad de la información, la diferenciación entre contenidos y el régimen de sanciones podrían dar lugar a interpretaciones ambiguas sobre el alcance de la intervención regulatoria.

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