CRT ajustará derechos de las audiencias tras 6,000 comentarios; sanciones concentran el debate

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reconoció que tendrá que realizar ajustes a su proyecto de lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, luego de que la consulta pública acumulara más de 6,000 comentarios y el alcance de las sanciones previstas se colocara entre los principales puntos de controversia.

“Evidentemente, tiene que haber ajustes a los lineamientos”, reconoció Enrique Pavón Baños, secretario ejecutivo de la CRT, durante el foro Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias, realizado este lunes en la Cámara de Diputados.

Enrique Pavón Baños explicó que las aportaciones serán revisadas y sistematizadas antes de que la autoridad emita un informe agrupado de consideraciones, debido al volumen de participaciones recibidas desde que la consulta comenzó el 27 de julio.

“Hemos escuchado con atención y con mucho respeto todas las opiniones donde se habla de que se está violentando el principio de reserva de ley, que se está pidiendo más allá de lo que establece la ley en materia de telecomunicaciones, la Constitución”, expuso Pavón.

Las sanciones, bajo revisión

Uno de los puntos que concentra la discusión es el régimen de sanciones.

Enrique Pavón Baños explicó que existen tres supuestos susceptibles de ser castigados con multas equivalentes a entre 0.1 y 1% de los ingresos anuales, un apartado que permanece sujeto a revisión dentro del proyecto.

La discusión ocurre porque los lineamientos buscan desarrollar obligaciones relacionadas con los derechos de las audiencias, pero especialistas y legisladores advierten que determinadas disposiciones podrían exceder las atribuciones del regulador o generar riesgos para la libertad editorial.

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Miguel Ángel Monraz, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, pidió directamente retirar el proyecto y ampliar su discusión con especialistas y sociedad civil.

“Lo que hemos hecho nosotros es una convocatoria muy clara para que la CRT retire estos lineamientos y se ponga a discutir con la sociedad civil, con los expertos”, sostuvo el legislador, quien considera que el regulador estaría asumiendo atribuciones correspondientes al Congreso.

Expertos advierten riesgos a la libertad de expresión

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, planteó otro riesgo: Que procedimientos sancionatorios puedan eventualmente utilizarse contra medios electrónicos por posturas críticas frente al poder.

Si queremos audiencias mejor informadas, primero debemos garantizar periodistas libres de cualquier presión, tanto legal como fáctica. Ese debería ser el primero de todos los derechos de las audiencias”, afirmó Bravo.

A las críticas se sumó Aleida Calleja, integrante del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y defensora de las audiencias de Canal 22, quien puso el foco específicamente en el artículo 12 de la propuesta.

La especialista planteó que ese artículo debe suprimirse al considerar que excede las facultades establecidas en la ley y contraviene el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de libertad de expresión.

“No debe ser el Estado quien decida quién sí y quién no”, sostuvo Aleida Calleja, también exdirectora del Imer.

CRT rechaza censura

La CRT, en contraste, insistió en que los lineamientos no establecen censura previa ni permiten una intervención gubernamental sobre los contenidos editoriales.

Enrique Pavón explicó después que las reclamaciones ocurrirían después de la difusión de un contenido y que corresponde inicialmente al defensor de las audiencias, designado por el propio medio, atender y valorar las quejas.

Tanto esa figura como el código de ética serían registrados ante el regulador.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ya había informado, después de reuniones con la CRT, que la autoridad le aseguró que su eventual intervención ocurriría únicamente ante una queja y estaría limitada a cuestiones procedimentales, no al contenido editorial.

Calendario y cierre de la consulta pública

La controversia, sin embargo, continuará abierta al menos hasta que exista una versión definitiva. La consulta pública concluirá el 21 de agosto.

Después, la CRT deberá sistematizar las aportaciones y llevar el documento final ante su pleno, donde quedará definido hasta dónde llegarán las obligaciones de concesionarios, defensores de las audiencias y la propia autoridad.

El resultado será relevante, porque la regulación deberá encontrar un equilibrio entre dos bienes que forman parte de la misma discusión:

Garantizar mecanismos efectivos para ejercer los derechos de las audiencias sin convertirlos en instrumentos capaces de restringir la libertad de expresión y la independencia editorial.

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