En el Valle del Silicio mexicano, Zapopan convierte las antenas en un negocio fiscal
Un contrato de Zapopan con Comlet contempla honorarios de 38% más IVA por recuperación fiscal. Operadores denuncian cobros y clausuras que amenazan la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
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Publicado •noviembre 19, 2026
Zapopan es uno de los municipios que ayudaron a construir la reputación de Jalisco como el Valle del Silicio mexicano. En su territorio conviven empresas tecnológicas, parques industriales y negocios que dependen de una infraestructura indispensable para sus operaciones, aunque frecuentemente invisible para los ciudadanos, como las redes de telecomunicaciones.
Zapopan también se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos de Jalisco, con proyectos relacionados con semiconductores, centros de datos e infraestructura digital. Para 2027, el sector tecnológico de la entidad contempla inversiones de hasta 500 millones de dólares, impulsadas por empresas establecidas y nuevas expansiones vinculadas con Silicon Valley.
Sin embargo, en este municipio asociado con la innovación, las antenas, las torres y los cables de fibra óptica también se han convertido en objetos de identificación y fiscalización. El ayuntamiento contrató a una empresa privada para localizar infraestructura considerada como irregular y apoyar así en la recuperación de obligaciones fiscales relacionadas con su instalación.
La compañía se llama Comlet, S.A. de C.V., y su contrato original establece una remuneración de 38% más IVA sobre cantidades recuperadas por gestiones atribuibles a su intervención. Un convenio posterior modificó las condiciones económicas del acuerdo.
El contraste es significativo, porque mientras Zapopan promueve su vocación tecnológica, los proveedores de Internet denuncian que determinados permisos, multas y clausuras municipales encarecen sus inversiones, comprometen la operación de sus redes y, en algunos casos, los han llevado a abandonar proyectos de infraestructura.
La discusión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la controversia constitucional 112/2026, el Ejecutivo federal impugnó disposiciones de la Ley de Ingresos de Zapopan que establecían cobros específicos por licencias para colocar estructuras destinadas a antenas de telecomunicaciones.
Detrás del expediente judicial aparece una pregunta económica y regulatoria. ¿Qué ocurre cuando la identificación de infraestructura y la recuperación de obligaciones fiscales se convierten en servicios remunerados para un particular, en un sector cuya regulación corresponde fundamentalmente a la Federación?
Un contrato para encontrar antenas y recuperar recursos
El 21 de febrero de 2025, el ayuntamiento de Zapopan firmó con Comlet el contrato de prestación de servicios CO-0122/2025.
El documento, del que NITRO tiene copia, establece que la empresa identificaría estructuras, antenas y fibra óptica instaladas presuntamente de manera irregular, además de predios omisos y operadores de infraestructura. También participaría, como auxiliar del gobierno municipal, en gestiones para recuperar obligaciones fiscales relacionadas con su regularización.
El contrato no surgió de una licitación pública abierta. Sus antecedentes indican que el 15 de noviembre de 2024 el ayuntamiento aprobó contratar servicios especializados para esas actividades y que el 7 de febrero de 2025 el Comité de Adquisiciones fue informado de la adjudicación directa.
El acuerdo fue firmado en febrero, pero su vigencia se estableció con efectos desde el 2 de enero de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2027.
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Comlet se comprometió a proporcionar información técnica sobre la ubicación de infraestructura y la identidad de sus operadores. Para ello, el contrato contempla el uso de software especializado que integra inteligencia artificial, tecnología como, quizá, pueda tener el regulador sectorial de telecomunicaciones para hacer su trabajo de vigilancia del espectro radioeléctrico.
Sus servicios también incluyen asesoría sobre instrumentos normativos municipales y coordinación relacionada con medidas de seguridad previstas en la legislación aplicable.
No obstante, el contrato no acredita por sí solo que Comlet tenga facultades para imponer multas o ejecutar clausuras por cuenta propia. Esa distinción resulta fundamental para establecer dónde termina la participación de un proveedor privado y dónde comienza la responsabilidad exclusiva de la autoridad municipal.
El 38% que abrió otra controversia
La cláusula sexta del contrato original establece que Comlet recibiría honorarios equivalentes a 38% más IVA de las cantidades efectivamente recuperadas a partir de su intervención, siempre que fueran atribuibles a acciones legalmente válidas y respaldadas documentalmente.
En términos ilustrativos, una recuperación de un millón de pesos bajo esas condiciones representaría una remuneración de 380,000 pesos antes del IVA y de las retenciones aplicables. Este sólo es un ejemplo aritmético, no un pago acreditado a la empresa.
La estructura de incentivos adquirió otra dimensión con un convenio modificatorio posterior. Según la evidencia documental enviada a NITRO, la nueva redacción desvinculó el cálculo de los honorarios de la recaudación final y lo relacionó con cantidades determinadas por multas, accesorios y conceptos de regularización atribuibles a Comlet.
Empresarios que contactaron a NITRO sostienen que ese cambio permitiría calcular la remuneración aun cuando el ayuntamiento no hubiera cobrado efectivamente el crédito fiscal correspondiente.
La diferencia entre determinar una obligación fiscal, cobrarla y pagar honorarios sobre ella es central para esta investigación. Una cantidad determinada puede ser impugnada, modificada o cancelada. Tampoco equivale necesariamente a un ingreso disponible para la hacienda municipal.
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El convenio modificatorio debe examinarse junto con las facturas y comprobantes de pago para establecer su aplicación real. Hasta ahora no es conocido públicamente cuánto ha cobrado Comlet ni si recibió pagos relacionados con créditos fiscales no recuperados.
Empresarios del sector cuestionan los incentivos económicos de contratar a un particular para localizar infraestructura y vincular su remuneración con las obligaciones fiscales resultantes.
Los operadores consideran que este mecanismo puede favorecer una orientación recaudatoria de las inspecciones. Se trata de una interpretación empresarial, no de una conclusión acreditada sobre las motivaciones de Comlet o del gobierno municipal.
Un permiso que puede costar más que la infraestructura
El impacto económico de los cobros municipales aparece con mayor claridad con ejemplos. Un proveedor de gran escala presentó el caso hipotético de un pequeño proveedor que necesita instalar un mástil de un metro para ofrecer Internet residencial. El mástil tendría un costo de 500 pesos y el equipamiento, de 2,000 pesos. Frente a esa inversión física de 2,500 pesos, el cargo municipal sería de 171,483 pesos por licencia.
La cifra atribuida a la licencia supera por más de 68 veces el costo conjunto del mástil y el equipo”, dijeron.
Con una tarifa mensual de 499 pesos por un servicio de 50 Mbps, los empresarios estimaron un periodo de recuperación cercano a 29 años, sin considerar gastos de operación, conectividad mayorista, mantenimiento o impuestos.
Otro ejemplo considera una torre de 21 metros, con un costo de construcción de 40,000 pesos y equipamiento de 20,000 pesos. El cargo municipal presentado asciende a 342,585 pesos, frente a una inversión física inicial de 60,000 pesos.
En ese escenario, el permiso representaría más de cinco veces el valor de la torre y sus equipos.
Las cifras corresponden a ejercicios elaborados por varios proveedores de Internet, con base en los cobros que atribuye a la normativa municipal. Su aplicación a instalaciones concretas, así como la vigencia y legalidad de los conceptos utilizados, requiere contrastarse con las disposiciones oficiales y los expedientes respectivos.
El costo del dinero agrava el problema
Empresarios del sector consultados para esta investigación señalaron que los intereses de los créditos también pueden modificar sustancialmente el periodo de recuperación, especialmente cuando los pagos municipales representan varias veces el costo de los equipos.
Uno de los empresarios estimó que el financiamiento de infraestructura podría alcanzar costos anuales de entre 20% y 30%, dependiendo de las condiciones del crédito. Es un rango referido por la fuente, no una tasa verificada para los proyectos analizados.
A manera de ejercicio, financiar 171,483 pesos a una tasa anual simple de 20% representaría 34,297 pesos de intereses durante un año, sin amortizaciones ni comisiones. A 30%, el costo ascendería a 51,445 pesos.
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Estas cifras no equivalen al costo real de un crédito bancario, pero permiten dimensionar el efecto del financiamiento sobre un proyecto cuya inversión física inicial sería de apenas 2,500 pesos.
El problema no consiste únicamente en recuperar lentamente la inversión. Un proyecto también puede dejar de ser financieramente viable cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir simultáneamente operación, mantenimiento y obligaciones crediticias.
La diferencia de capacidades también importa, porque, por ejemplo, mientras los grandes concesionarios nacionales pueden mantener equipos jurídicos y financieros especializados, un proveedor regional o uno local enfrentan mayores dificultades para financiar litigios prolongados y sostener inversiones mientras resuelve procedimientos administrativos.
Clausuras que pueden afectar a negocios ajenos a las telecomunicaciones
Los señalamientos de los operadores no se limitan al costo de los permisos.
Durante las entrevistas, empresarios regionales y locales describieron casos en los que los sellos de clausura colocados por autoridades municipales impiden acceder a instalaciones de telecomunicaciones para realizar mantenimiento.
Uno de los entrevistados explicó que intervenir equipos ubicados en instalaciones clausuradas puede exponer a los operadores a consecuencias administrativas por retirar o alterar los sellos.
El problema adquiere una dimensión técnica cuando la infraestructura concentra enlaces o equipos que distribuyen conectividad a múltiples clientes.
Una falla en un nodo principal puede afectar a numerosos usuarios. Si el operador no puede ingresar para reparar un equipo, la interrupción podría extenderse a empresas, establecimientos y comunidades conectadas desde ese punto.
Cuando los sellos llegan al inmueble que aloja la antena
Otro empresario del sector relató el caso de una agencia automotriz que había permitido instalar infraestructura de transmisión en su azotea y que, según su testimonio, recibió sellos de clausura en el propio establecimiento.
El señalamiento introduce una consecuencia adicional y esto, porque los procedimientos administrativos relacionados con infraestructura de telecomunicaciones podrían afectar a los propietarios de inmuebles cuya actividad principal es completamente distinta a las telecomunicaciones.
Así, un negocio que obtiene ingresos por arrendar espacio para una antena podría reconsiderar ese contrato si percibe que una controversia administrativa relacionada con la instalación puede comprometer sus propias operaciones.
Los entrevistados también describieron sanciones que, según sus testimonios, pueden ubicarse entre los 300,000 y 1.2 millones de pesos, si bien estos montos requieren contrastarse con resoluciones administrativas antes de atribuirlos a procedimientos específicos.
Uno de los proveedores aseguró que había suspendido inversiones en nuevas torres ante la incertidumbre de los cobros y las actuaciones municipales.
La consecuencia potencial no es solamente una menor rentabilidad empresarial. Si se cancelan proyectos destinados a ampliar cobertura, también pueden reducirse las oportunidades de conexión para hogares y negocios.
Zapopan había firmado un convenio para facilitar el despliegue de redes
El 18 de mayo de 2023, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Zapopan para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
El acuerdo fue suscrito por los entonces titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del ayuntamiento de Zapopan.
Entre los objetivos anunciados figuraban favorecer el desarrollo de infraestructura, promover esquemas de compartición y colaborar en políticas urbanas que facilitaran la instalación de redes.
El antecedente adquiere relevancia frente a las denuncias posteriores de proveedores de Internet sobre permisos, sanciones y clausuras municipales.
En 2023, el ayuntamiento de Zapopan participó en un acuerdo institucional para favorecer el despliegue de redes. Dos años después, contrató servicios especializados para identificar infraestructura considerada irregular y colaborar en su fiscalización.
Ambas decisiones no son necesariamente incompatibles. Facilitar el despliegue de infraestructura tampoco significa eximir a los operadores de las normas de construcción, protección civil o uso del suelo.
Sin embargo, la coexistencia de estas políticas plantea una pregunta sobre la manera en que Zapopan ha equilibrado sus objetivos de conectividad con sus mecanismos de supervisión y recaudación.
El convenio de 2023 constituye un antecedente verificable, pero no demuestra por sí mismo que el gobierno municipal haya incumplido sus compromisos.
La Suprema Corte y los límites del municipio
La controversia constitucional 112/2026 introduce un elemento decisivo para comprender el conflicto.
El Ejecutivo federal promovió el procedimiento contra el artículo 81, fracción XVIII, incisos a) al f), de la Ley de Ingresos de Zapopan para 2026, publicada el 25 de diciembre de 2025.
Las disposiciones cuestionadas establecían derechos relacionados con licencias para colocar estructuras destinadas a antenas de telecomunicaciones.
En el proyecto de sentencia elaborado bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf se propone declarar inválidos esos apartados porque los cobros inciden directamente en una actividad reservada a la competencia federal.
El razonamiento distingue entre la potestad municipal para regular construcciones ordinarias y la creación de regímenes específicos que condicionan infraestructura de telecomunicaciones a licencias, permisos o cobros.

Esa diferencia es esencial, porque la competencia federal sobre las telecomunicaciones no significa que cualquier construcción quede automáticamente fuera de las normas generales de seguridad, protección civil o desarrollo urbano.
El ayuntamiento de Zapopan defendió la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. Según el expediente, sostuvo que los derechos correspondían a servicios municipales de construcción y uso del suelo, sin intervenir en concesiones, espectro radioeléctrico o aspectos técnicos de las redes.
El proyecto judicial, en cambio, considera que un cobro dirigido expresamente a estructuras para antenas puede constituir una regulación especial de infraestructura de telecomunicaciones y rebasar las competencias locales.
Los resolutivos del proyecto prevén que la invalidez surta efectos a partir de su notificación al Congreso de Jalisco.
Una controversia que rebasa Zapopan
La documentación presentada por los empresarios regionales identifica dificultades relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones en municipios de Jalisco, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y otras entidades.
Entre las localidades del Occidente mencionadas aparecen Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, en Jalisco. Pero también se cita hechos en Torreón, Coahuila; Tierra Blanca y Úrsulo Galván, en Veracruz, además de casos señalados en Oaxaca, el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Tamaulipas.
No se señala que en todos esos lugares se apliquen los mismos procedimientos, como los denunciados sobre Zapopan. Se trata de casos señalados en los que la autoridad sectorial debería poner su atención.
Un ejemplo de Torreón también ilustra la dimensión económica del problema. Allí, un operador presentó un proyecto de 22 kilómetros de fibra óptica por tendido aéreo, con 480,000 pesos por suministro de cable y 176,000 pesos por instalación.
La inversión original ascendía a 656,000 pesos.
De acuerdo con el testimonio, el proyecto incorporaría después 498,000 pesos por licencia municipal, 26,400 pesos anuales por ocupación y aprovechamiento de vía, además de 150,000 pesos relacionados con un director responsable de obra.
La suma de esos conceptos elevaría el desembolso inicial a 1,330,400 pesos, un incremento de 102.8% respecto de la inversión original, sin considerar pagos por el uso de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es un caso distinto al contrato de Zapopan y no demuestra participación de Comlet fuera de ese municipio, pero su relevancia consiste en mostrar cómo las obligaciones locales adicionales pueden modificar la viabilidad financiera de un despliegue.
La empresa, el municipio y las respuestas pendientes
La existencia del contrato de Comlet está documentada. También lo están sus actividades pactadas y la remuneración originalmente convenida.
Lo que todavía debe establecerse es su ejecución efectiva.
NITRO buscó al ayuntamiento de Zapopan el 11 de noviembre de 2026 y reiteró su solicitud el día 16 para conocer su posición sobre el contrato con Comlet, los procedimientos de fiscalización de infraestructura y los cuestionamientos de los operadores de telecomunicaciones.
Sin embargo, el gobierno municipal no estuvo inmediatamente disponible para fijar una posición y, al cierre de esta investigación, no había respondido a las solicitudes de información.
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La investigación también requiere conocer la posición directa de Comlet sobre sus servicios, su metodología de identificación, el cálculo de sus honorarios y las garantías para evitar determinaciones improcedentes. No fue posible identificar una página institucional de Internet sobre esta empresa para solicitar comentarios.
Las respuestas de ambas partes resultan necesarias para diferenciar el contenido de un contrato de las actuaciones administrativas efectivamente realizadas.
La contratación de un proveedor privado para prestar asistencia técnica o fiscal no constituye, por sí misma, una conducta ilegal. La cuestión es determinar si las actividades y los incentivos pactados se ajustan a la normativa aplicable y si las obligaciones fiscales involucradas tienen un fundamento constitucional válido.
El precio de conectar el Valle del Silicio
Zapopan concentra una contradicción que merece examinarse sin simplificaciones.
El municipio participa en una economía que necesita redes modernas, conectividad empresarial y despliegues continuos de infraestructura. Al mismo tiempo, ha contratado servicios especializados para identificar instalaciones consideradas irregulares y apoyar la recuperación de obligaciones fiscales relacionadas con ellas.
Los operadores sostienen que determinados cobros y clausuras pueden desalentar inversiones. El gobierno municipal, por su parte, ha defendido ante la Suprema Corte sus atribuciones en materia de construcciones y uso del suelo.
La discusión no consiste en negar que los ayuntamientos deban supervisar su territorio ni en asumir que toda infraestructura de telecomunicaciones cumple automáticamente las disposiciones aplicables.
Consiste en determinar si la fiscalización respeta los límites constitucionales, si sus costos guardan proporción con los servicios prestados y si los mecanismos contratados producen incentivos compatibles con una actuación administrativa legal y transparente.
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