Ventanilla de la CRT corre el riesgo de sumar un trámite en lugar de eliminarlo: Espacio Público

La Ventanilla Digital Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión puede convertirse en una herramienta para reducir las barreras al despliegue de redes en México, pero también corre el riesgo de producir el efecto contrario, ya que podría sumar un procedimiento federal a los trámites estatales y municipales que ya enfrentan los operadores.

Ésa es una de las principales advertencias que presenta la firma Espacio Público Consultoría Estratégica sobre el anteproyecto que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene en consulta pública hasta el 20 de octubre.

El punto crítico está en uno de los requisitos previstos para determinados procedimientos.

El proyecto contempla presentar ante la CRT las “resoluciones favorables de los Trámites federales, estatales y/o municipales” que legalmente deban obtenerse antes del despliegue.    

Espacio Público advierte que una lectura literal conduciría a una secuencia paradójica: Primero concluir los trámites y obtener las autorizaciones estatales y municipales aplicables, y después acudir a realizar un procedimiento adicional ante la CRT.    

El riesgo resulta especialmente relevante porque la ventanilla pretende atacar precisamente la fragmentación administrativa que dificulta instalar infraestructura de telecomunicaciones en México.

La propia CRT señala, de acuerdo con el documento, que actualmente un despliegue puede enfrentar hasta 20 trámites estatales y municipales y tardar alrededor de 1.4 años. La homologación y reducción de esos procedimientos podría además detonar inversiones adicionales en el sector.    

Digitalizar no necesariamente significa simplificar

La advertencia de Espacio Público no cuestiona la creación de una herramienta digital. Su planteamiento va más allá y está en que mover los procedimientos a una plataforma electrónica no necesariamente reduce la carga regulatoria si los trámites anteriores permanecen intactos.

La consultora identifica cuatro riesgos: Agregar procedimientos; duplicar revisiones entre autoridades; incrementar tiempos y costos, y mantener incertidumbre sobre las competencias de cada orden de gobierno.   

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La duplicidad puede aparecer, por ejemplo, si aspectos relacionados con obra civil, seguridad estructural, características físicas de un proyecto o documentación técnica terminan siendo revisados por más de una autoridad.

El problema de fondo es determinar qué debe revisar la Federación y qué corresponde a estados y municipios.

El anteproyecto reconoce que la instalación, despliegue, operación, mantenimiento, desmantelamiento y retiro de infraestructura de redes públicas están sujetos a jurisdicción federal, pero también preserva atribuciones estatales y municipales en materias como desarrollo urbano.    

Para Espacio Público, esa coexistencia de competencias debe precisarse para impedir que una misma actuación o característica del despliegue sea evaluada más de una vez por autoridades diferentes.    

Fibra para uno, uso de suelo para otro

La consultora propone establecer expresamente un principio de no duplicidad. Su ejemplo ayuda a aterrizar una discusión jurídica que de otra manera resulta bastante abstracta:

Los municipios no deberían intervenir en el cableado de fibra que no involucre obra civil y, del otro lado, la CRT tampoco debería determinar si una torre o sitio de telecomunicaciones cumple con el uso de suelo.    

La lógica es que ninguna autoridad solicite documentos, autorizaciones o revisiones sobre materias que no formen parte de sus competencias.

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Espacio Público considera que la Constitución, la legislación sectorial y criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ofrecen elementos para avanzar en esa delimitación.

El artículo 28 constitucional contempla principios de coordinación y distribución de competencias para homologar trámites de despliegue, mientras el artículo 115 reconoce facultades municipales relacionadas con zonificación, desarrollo urbano, utilización del suelo y permisos de construcción.    

De una ventanilla digital a una ventanilla única

Pero el documento también identifica una oportunidad mayor. En lugar de convertir a la CRT en una estación adicional del recorrido burocrático, Espacio Público propone que la plataforma evolucione progresivamente hacia un verdadero punto único de entrada para los despliegues.

La idea sería que desde una sola ventanilla puedan identificarse, canalizarse y eventualmente gestionarse de manera coordinada los procedimientos correspondientes a distintas autoridades, sin modificar la distribución constitucional de competencias. 

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Eso implicaría algo más ambicioso que digitalizar formularios: Eliminar los trámites que no sean jurídicamente exigibles, simplificar y homologar los que sí corresponden a las autoridades locales e integrarlos progresivamente en una sola plataforma.    

La propuesta alcanzaría a concesionarios y autorizados, proveedores de infraestructura pasiva, empresas torreras, cuadrillas de instalación y mantenimiento, así como a estados y municipios.    

Dos caminos para la Ventanilla de la CRT

Espacio Público resume el futuro del proyecto en dos escenarios. En el primero, denominado de Facilitación, la ventanilla se convierte en un instrumento para coordinar autoridades, delimitar competencias y simplificar efectivamente los procedimientos.

El resultado sería menor fragmentación e incertidumbre y despliegues más rápidos.

El segundo es el escenario de Superposición: La nueva plataforma se suma a los trámites existentes sin sustituir cargas regulatorias. México conseguiría digitalizar los procedimientos, pero no simplificarlos.    

La diferencia entre ambos escenarios determinará si la Ventanilla Digital Nacional se convierte en una herramienta para resolver uno de los obstáculos históricos al despliegue de infraestructura o simplemente en una nueva puerta que tocar después de haber pasado por las anteriores.

Según Espacio Público, “la pregunta de fondo no es si existirá una ventanilla digital”, sino si ésta podrá funcionar como un instrumento efectivo de coordinación institucional para facilitar el despliegue de infraestructura estratégica.

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