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SCJN avala que Telcel, AT&T, Movistar y BAIT conserven datos de usuarios por 2 años

La Suprema Corte avaló conservar registros telefónicos durante 2 años y estableció que las autoridades necesitan autorización judicial federal para acceder a la información de los usuarios.


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    noviembre 18, 2026
La Suprema Corte validó las obligaciones de conservación de datos telefónicos durante 2 años y precisó los controles judiciales para que las autoridades accedan a esa información. Foto: Nicolás Lucas / NITRO.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las obligaciones que permiten conservar durante dos años los registros de llamadas, tráfico de comunicaciones y datos de ubicación de los usuarios de telefonía móvil en México, una medida que alcanza a operadores como Telcel, AT&T y Movistar, así como a los operadores móviles virtuales, entre ellos BAIT.

La SCJN resolvió este martes 17 de noviembre, el amparo en revisión 193/2026 y confirmó la constitucionalidad de diversas disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), al considerar que la conservación de información es compatible con los derechos a la privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo, la Suprema Corte estableció una distinción fundamental y radica en que la obligación de conservar información no autoriza a las autoridades a consultarla libremente, pues el acceso a los registros requiere autorización judicial federal fundada y motivada, conforme al artículo 16 constitucional y al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Qué datos telefónicos conservarán Telcel, AT&T, Movistar y BAIT

La legislación establece que los concesionarios y autorizados sujetos a estas obligaciones deben conservar información relacionada con los números telefónicos, identificación de dispositivos, fechas, horarios, duración de las comunicaciones y datos asociados con la ubicación de los equipos.

Durante los primeros 12 meses, los registros deben mantenerse en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real.

En el segundo año, la información debe permanecer en sistemas de almacenamiento electrónico.

La obligación no incluye conservar el contenido de las conversaciones telefónicas, sino los datos asociados con la prestación del servicio y las comunicaciones realizadas por los usuarios.

El fallo mantiene un régimen de conservación de información que ya estaba previsto en la legislación mexicana.

Por tanto, la resolución no establece una nueva obligación de almacenamiento, sino que confirma la validez constitucional de las disposiciones impugnadas.

Para empresas como Telcel, AT&T y Movistar, así como para los operadores móviles virtuales comprendidos en la legislación, la resolución mantiene las obligaciones de resguardo, seguridad, confidencialidad y entrega de información bajo los procedimientos legales correspondientes.

SCJN exige autorización judicial para acceder a datos telefónicos

Uno de los principales elementos de la resolución es la precisión sobre los controles necesarios para que las autoridades accedan a los registros conservados por las compañías telefónicas.

La SCJN determinó que la autorización judicial federal debe identificar a las personas involucradas, el periodo de información solicitado y las razones que justifican su entrega.

El tribunal también reiteró que la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles constituye una medida distinta de la intervención de comunicaciones privadas, porque permite conocer la ubicación aproximada de un equipo sin acceder al contenido de las conversaciones.

Pero precisó que esta facultad debe sujetarse al control judicial, provenir de una autoridad competente y estar respaldada por un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado.

La resolución responde a un amparo que cuestionaba la constitucionalidad de las obligaciones de conservación de datos por sus posibles afectaciones a la privacidad.

La Suprema Corte dijo que estas disposiciones persiguen fines constitucionalmente válidos, relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, siempre que su aplicación respete los mecanismos de protección de datos personales y los controles judiciales correspondientes.

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