Las telcos de América Latina buscan sacar más valor a la infraestructura que ya tienen
Torres, espectro y postes muestran una nueva lógica en América Latina: las telcos buscan compartir más infraestructura para elevar la productividad del capital sin frenar el despliegue de redes.
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Publicado •septiembre 15, 2026
Durante años, una parte importante de la estrategia de red se midió por cuánto éramos capaces de construir. Hoy empieza a importar con la misma fuerza cuánto valor somos capaces de obtener de cada dólar ya invertido en infraestructura.
La pregunta llega en un momento especialmente oportuno para América Latina.
Las redes necesitan seguir creciendo. El tráfico aumenta, la fibra continúa expandiéndose, 5G exige nuevas inversiones y la capacidad de transporte acompaña una demanda digital que difícilmente retrocederá. Para los operadores, eso significa sostener otro ciclo de inversión mientras protegen márgenes, generan caja y buscan mejores retornos sobre el capital.
En ese escenario, la infraestructura deja de ser únicamente una decisión tecnológica. También se convierte en una decisión financiera.
Cada activo que una compañía decide construir, comprar, arrendar o compartir inmoviliza capital de una manera diferente y modifica la economía futura de la red.
Una torre, varias redes y más productividad
Ahí aparece una conversación que considero cada vez más estratégica para el sector: Qué infraestructura necesita realmente poseer un operador y en cuáles necesita asegurar capacidad y acceso de largo plazo.
La evolución de las torres permite observar cómo cambia esa lógica.
Durante buena parte de la historia móvil, la infraestructura física formó parte natural de los activos del operador. La expansión de las towercos fue separando progresivamente la propiedad del sitio de la prestación del servicio.
Una misma torre pudo comenzar a soportar equipamiento de diferentes compañías y su utilización económica cambió con ello.
Ese modelo sigue atrayendo inversión.
El 2 de septiembre de 2026, BID Invest anunció una inversión de capital de hasta 10 millones de dólares en ATIS Group para ampliar y optimizar infraestructura compartida de telecomunicaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay.
La empresa posee y opera más de 1,000 sitios en esos tres mercados y trabaja con los principales operadores mediante contratos de arrendamiento de largo plazo. Los recursos financiarán nuevas torres y también un mayor aprovechamiento de los sitios existentes mediante compartición.
La operación resulta interesante por la señal que envía sobre el valor del activo.
Una torre genera una economía diferente cuando su capacidad puede servir a varias redes. La infraestructura física permanece en el mismo lugar, mientras aumenta su productividad y disminuye la necesidad de duplicar activos.
BID Invest plantea precisamente ese objetivo en la documentación del proyecto: aumentar la productividad y eficiencia de infraestructura existente facilitando su utilización por múltiples operadores.
Esa idea empieza a recorrer otras partes de la red.
Compartir también el espectro
Colombia introdujo en agosto de 2026 un mecanismo que permite el acceso compartido al espectro identificado para servicios IMT en determinadas zonas geográficas y bajo autorización previa del Ministerio TIC.
El modelo alcanza municipios y localidades con determinadas condiciones de conectividad y permite que frecuencias ya asignadas puedan ser utilizadas de forma compartida.
Para un sector acostumbrado a pensar el espectro fundamentalmente desde la asignación individual de frecuencias, la decisión abre una conversación interesante sobre productividad de los recursos.
El espectro continúa siendo escaso y extraordinariamente valioso. Ahora aparece también la posibilidad de preguntarse cuánto uso efectivo está generando y si, en determinadas geografías, existe espacio para que produzca más conectividad.
Los postes también entran en la ecuación
La misma lógica puede observarse mucho más cerca del suelo.
En Perú, OSIPTEL evaluó durante 2026 una solicitud de Giga Fibra para obtener un mandato de compartición de infraestructura eléctrica.
El expediente tiene una dimensión regulatoria muy concreta, aunque detrás de él aparece una cuestión que afecta directamente el costo de desplegar fibra: La posibilidad de utilizar infraestructura física que ya atraviesa el territorio al que el operador necesita llegar.
Un poste puede parecer un activo menor dentro de la arquitectura completa de una red. Multiplicado por calles, barrios y ciudades, pasa a formar parte de la economía del despliegue.
La disponibilidad física, el ordenamiento, la capacidad remanente y las condiciones de acceso terminan influyendo en cuánto cuesta llegar a un nuevo cliente y cuánto tiempo demanda hacerlo.
Brasil lleva años trabajando sobre esta misma problemática. La revisión de la regulación para el uso compartido de postes entre distribuidoras eléctricas y prestadores de telecomunicaciones continúa dentro de la agenda regulatoria de Anatel, reflejando la importancia que adquirió una infraestructura que sostiene simultáneamente servicios esenciales de dos industrias.
Cuando miro estos movimientos juntos, veo una conversación bastante más amplia que la compartición de infraestructura.
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Veo una conversación sobre productividad del capital. Ese cambio de perspectiva importa.
Una empresa telco necesita decidir continuamente dónde coloca el siguiente dólar de inversión. Puede dirigirlo a cobertura, capacidad, espectro, fibra, sistemas, experiencia del cliente, automatización o desarrollo comercial. El capital dedicado a infraestructura física compite dentro de esa misma ecuación.
A medida que crecen las alternativas de acceso, coinversión y modelos neutrales, la decisión de propiedad adquiere una dimensión estratégica mayor.
El operador puede empezar a reservar capital propio para aquellas capas donde encuentra diferenciación, control o retorno suficiente, y utilizar otras estructuras económicas allí donde el acceso confiable le permite cumplir el mismo objetivo.
La calidad de esa decisión terminará reflejándose en varias partes del negocio. En la velocidad del despliegue, en la intensidad de capital, en la flexibilidad financiera y, finalmente, en el retorno sobre los activos utilizados para prestar el servicio.
Por eso creo que la discusión sobre infraestructura compartida merece subir algunos pisos dentro de las organizaciones.
Tiene implicaciones para ingeniería, por supuesto. También para finanzas, estrategia, regulación y desarrollo corporativo.
Una red es una arquitectura tecnológica, pero también representa una enorme asignación de capital acumulada durante años. Cada decisión sobre quién posee un activo, quién lo opera, quién accede a él y bajo qué condiciones termina modificando el rendimiento económico de esa inversión.
Para los reguladores, esta evolución también plantea una responsabilidad importante.
La verdadera discusión está en el capital
Las condiciones de acceso a infraestructura pueden acelerar despliegues y facilitar nuevas inversiones. También determinan los incentivos económicos de quien construye y mantiene esos activos. El diseño regulatorio termina influyendo directamente sobre la cantidad de capital que el mercado estará dispuesto a comprometer en infraestructura futura.
América Latina necesita todavía mucha inversión en conectividad.
Esa realidad vuelve especialmente valioso aprender a obtener más capacidad de los recursos ya desplegados.
Durante años, una parte importante de la conversación del sector estuvo centrada en cuánto faltaba construir. Esa pregunta seguirá vigente porque todavía existen brechas significativas de cobertura y capacidad.
Ahora se incorpora otra que puede ser igual de importante para el próximo ciclo de inversión:
¿Cuánto retorno estamos obteniendo de la infraestructura que ya tenemos?
Ahí puede estar una parte relevante de la próxima mejora económica del negocio telco regional.
Porque gestionar mejor la infraestructura también es gestionar mejor el capital.
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