México quiere más capacidad satelital, pero todavía no mide los nuevos riesgos del espacio
México pretende elevar su capacidad satelital estatal hacia 2030, aunque todavía no definió indicadores para evaluar la ciberseguridad, la dependencia tecnológica, la resiliencia y la sostenibilidad orbital.
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Publicado •septiembre 22, 2026
México se propuso aumentar su capacidad satelital, construir infraestructura propia y llevar Internet a más comunidades rurales hacia 2030.
Pero los indicadores de su política espacial no miden varios de los riesgos que acompañan esa expansión, como la congestión orbital, la concentración de proveedores, la basura espacial y la resiliencia de las señales.
El Programa Espacial Mexicano 2026-2030 reconoce en su diagnóstico que el sector enfrenta desafíos relacionados con la ciberseguridad, la gestión del espectro, la congestión orbital y la sostenibilidad del entorno espacial.
También identifica una dependencia estructural de proveedores privados y extranjeros que ha limitado la capacidad gubernamental para planear y garantizar la continuidad de sus soluciones tecnológicas.
Sin embargo, esos problemas no aparecen de manera expresa entre las metas cuantificables con las que el gobierno evaluará el programa durante los próximos cuatro años.
Los indicadores publicados se concentran en elevar el uso de Internet entre la población rural, aumentar los acuerdos de cooperación internacional, participar en foros multilaterales, ampliar la capacitación y elevar la capacidad satelital provista por el Estado.
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En infraestructura, el programa establece una línea base de 641.6 MHz de capacidad satelital estatal en 2026 y una meta de 864 MHz para 2030.
El incremento previsto es de 34.7 por ciento. La estrategia incluye el desarrollo de un nuevo satélite de telecomunicaciones y una constelación de satélites pequeños para observación de la Tierra.
Los riesgos crecen al mismo ritmo que la órbita
La ausencia de indicadores específicos contrasta con el diagnóstico internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo advierte que la expansión de la economía espacial está trasladando la discusión pública desde el impulso al crecimiento hacia la administración de un sistema más congestionado, concentrado y vulnerable.
La OCDE contabilizó más de 14,000 satélites operativos al cierre de 2025 y casi 15,000 a mediados de 2026.
Los proyectos y expedientes presentados ante organismos internacionales contemplan más de 2 millones de posibles satélites adicionales durante la próxima década, aunque solamente una fracción llegará a desplegarse.
El crecimiento también dejó una estela de 45,860 objetos de basura espacial que pueden ser rastreados regularmente. Otros 140 millones son demasiado pequeños para seguirlos, pero conservan capacidad para dañar satélites y otra infraestructura orbital.
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La concentración constituye otro riesgo. Los operadores privados representaron 88% de los satélites lanzados en 2025 y las telecomunicaciones concentraron 82% de los nuevos equipos. Un solo operador controlaba alrededor de 60% de todos los satélites activos.
La dependencia de sistemas espaciales también amplía el impacto de las fallas y los ataques.
La OCDE documentó que los incidentes de interferencia contra señales de navegación satelital utilizadas por la aviación europea aumentaron más de 22 veces entre 2021 y 2025.
El Programa Espacial Mexicano menciona la necesidad de construir un ecosistema soberano y resiliente, pero no asigna una métrica específica a la diversificación de proveedores, la protección de señales, la gestión de desechos orbitales o la continuidad de servicios ante una interrupción.
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México cuenta desde 2023 con una política satelital que ordena asegurar la compatibilidad de las constelaciones de órbita baja, revisar el marco legal, preservar los recursos orbitales y favorecer redes híbridas.
En junio de 2024 también fue creado el Consejo Consultivo Satelital para coordinar al gobierno, la industria y la academia.
El reto para la nueva etapa ya no consiste únicamente en disponer de más satélites o capacidad, porque el Estado también deberá demostrar que la infraestructura puede operar de manera segura, sostenible y con alternativas suficientes frente a fallas técnicas, ataques o decisiones de un proveedor dominante.
La diferencia será medible cuando el crecimiento de la capacidad esté acompañado por indicadores sobre resiliencia, competencia, ciberseguridad y sostenibilidad orbital.
De esta manera, el programa reconoce por ahora esos riesgos, pero no los convirtió en metas públicas para 2030.
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