Reforma abre la puerta a cortar Internet por derechos de autor y multas de 4.7 millones de pesos
Una reforma en México exigirá políticas para desconectar a infractores reincidentes de derechos de autor, pero deja dudas sobre cómo acreditar las violaciones y proteger a los usuarios.
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Publicado •noviembre 9, 2026
Una conexión de Internet podría terminar cancelada por infracciones reiteradas a derechos de autor, incluso cuando identificar a la persona responsable resulte complicado.
Una reforma aprobada por el Congreso de la Unión obligará a los proveedores de acceso a Internet a establecer políticas para terminar el servicio a infractores reincidentes, pero deja interrogantes sobre las pruebas y garantías necesarias antes de una desconexión.
De esta manera, los cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor alcanzan a los operadores de fibra óptica, proveedores inalámbricos regionales (WISP) y también a las compañías móviles.
Los cambios también introducen supuestos de responsabilidad secundaria y multas millonarias, si bien no convierten automáticamente a las empresas en responsables de las actividades de sus clientes.
La reforma fue aprobada por el Senado con 70 votos a favor y 37 en contra. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) está pendiente de confirmación.
Políticas de desconexión sin una definición precisa de reincidencia
El artículo 114 Octies exigirá a los proveedores de acceso contar con una política para terminar el servicio a infractores reincidentes. Y deberán publicarla permanentemente en sus sitios de Internet, incorporarla a los términos y condiciones de contratación y establecer mecanismos mínimos de notificación.
La medida puede involucrar conductas relacionadas con la distribución no autorizada de películas, música, programas informáticos y otros materiales protegidos.
Sin embargo, el texto aprobado no determina cuántas infracciones constituyen reincidencia, en qué periodo deben contabilizarse ni qué pruebas son suficientes para acreditarla.
Tampoco se desarrolla un procedimiento específico para que el suscriptor impugne la atribución antes de perder el servicio.
Una cosa es exigir que los proveedores cuenten con una política de terminación y otra determinar cuándo procede aplicarla. La reforma no desarrolla suficientemente cómo se acredita la reincidencia ni qué garantías deben observarse antes de terminar el servicio a un suscriptor”.
Rubén Salazar, socio de Salazar & Solís Abogados.
La política de terminación no es completamente nueva, ya que desde el año 2020, la legislación mexicana contempla obligaciones relacionadas con infractores reincidentes para determinados servicios en línea. La reforma incorpora expresamente esta condición a los proveedores de acceso.
Una IP compartida no identifica necesariamente al responsable
En hogares, escuelas y empresas, varias personas pueden utilizar una misma conexión. Además, numerosos proveedores emplean el Carrier-Grade NAT (CGNAT), una tecnología que permite compartir una dirección IP pública entre distintos suscriptores.
Por ello, detectar una IP asociada con una presunta infracción no basta para identificar al responsable. Incluso cuando se identifica al titular de la conexión, eso no demuestra quién realizó la conducta.
Una política de terminación aplicada sin verificaciones suficientes podría afectar a personas ajenas a la infracción.
La cuestión es cómo distinguir una denuncia de una conducta efectivamente acreditada y atribuible a un reincidente.
La reforma incorpora notificaciones mínimas, pero no desarrolla exhaustivamente las garantías previas a la terminación del servicio. Tampoco establece una obligación general de monitorear las redes para detectar posibles infracciones.
Para los WISP y otros operadores pequeños, su implementación pudiera representar exigencias adicionales de documentación, atención de reclamaciones y actualización contractual.
Multas millonarias, pero no responsabilidad automática
El nuevo artículo 114 Nonies establece que un proveedor puede asumir responsabilidad secundaria cuando incumple las condiciones del artículo 114 Octies y, además, contribuye, induce o causa una infracción con conocimiento de ella; o cuando puede controlar la conducta y obtiene un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.
Por tanto, el simple hecho de que un cliente infrinja derechos de autor no convierte automáticamente al operador en responsable.
El artículo 232 Septies contempla sanciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para determinados supuestos.
Con la UMA diaria de 2026, de 117.31 pesos, ese máximo equivale a 4 millones 692,400 pesos.
El decreto también prevé multas adicionales por persistencia en la infracción. Para imponerlas deberán acreditarse las condiciones legales correspondientes.
Un operador de acceso no es una plataforma digital
La legislación distingue entre empresas que transmiten información y servicios en línea que almacenan, alojan o facilitan localizar contenidos. Sus capacidades de intervención y obligaciones no son idénticas.
Un proveedor de fibra óptica no controla necesariamente los videos publicados en una plataforma ajena. En cambio, el administrador de esa plataforma puede contar con herramientas para retirar contenidos alojados en sus sistemas.
El régimen de limitación de responsabilidad conocido como puerto seguro protege a intermediarios que cumplen condiciones legales específicas.
Perder esa protección no equivale, por sí mismo, a demostrar responsabilidad secundaria, pues también deben reunirse los supuestos adicionales previstos en la reforma.
El texto mantiene la prohibición de imponer una obligación general de supervisión o monitoreo activo del contenido que circula por las redes.
El decreto entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el DOF. Durante ese plazo, las empresas podrán preparar políticas, ajustes contractuales y mecanismos de notificación.
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