CDMX pone cárcel a las trampas digitales: phishing alcanza penas de seis años

Crear una página falsa, una aplicación apócrifa o un mensaje que simule provenir de una institución legítima para obtener contraseñas, datos personales o información financiera ya puede llevar a prisión en la Ciudad de México.

La capital incorporó al Código Penal una disposición específica para sancionar el engaño digital utilizado para inducir a una persona a entregar información con el propósito de obtener un beneficio indebido o causarle un perjuicio.

El artículo 231 Bis establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien cree o utilice mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones u otras interfaces tecnológicas que aparenten ser legítimas con esa finalidad.

Las sanciones pueden incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima sea una persona con discapacidad, adulta mayor o cuando la conducta afecte a un menor de edad.

La trampa también entra al Código Penal

El cambio resulta relevante porque coloca el foco no solamente en las consecuencias económicas posteriores de un fraude, sino en el mecanismo tecnológico utilizado para obtener fraudulentamente información personal, financiera o de autenticación.

El phishing ha evolucionado más allá del correo electrónico con enlaces sospechosos. Las campañas pueden utilizar sitios que reproducen la apariencia de bancos, comercios o instituciones públicas, así como mensajes SMS, aplicaciones y otras herramientas digitales para generar confianza y obtener información de las víctimas.

La reforma fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México como respuesta a modalidades de fraude electrónico que recurren a suplantación de plataformas legítimas y otras técnicas digitales.

El propio Legislativo reconoció que la sofisticación y naturaleza transfronteriza de estas prácticas complican la detección y persecución de los responsables.

“La cárcel actúa después. La educación puede intervenir antes”, advierte Fausto Escobar, especialista en ciberseguridad y CEO de HD Latinoamérica, al señalar la necesidad de acompañar las sanciones con preparación para reconocer este tipo de engaños.

El reto será llevar el phishing ante un juez

La nueva disposición crea así una herramienta penal específica contra una de las principales técnicas utilizadas para robar credenciales en Internet.

El siguiente desafío estará en su aplicación: identificar a quienes operan las trampas digitales, preservar evidencia electrónica y convertir una conducta que frecuentemente atraviesa plataformas y fronteras en investigaciones capaces de llegar ante un juez.

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