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La pregunta incómoda de la subasta 5G industrial: ¿y si las empresas no quieren comprar espectro?

La CRT licitará la banda de 2.3 GHz para redes industriales. El experto Miguel Calderón advierte que las empresas podrían preferir delegar la conectividad a operadores en lugar de adquirir espectro propio.


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    agosto 19, 2026
Ilustración: NITRO.
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La primera licitación de espectro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para redes de radiocomunicaciones inteligentes enfrenta una pregunta que puede resultar incómoda para el regulador: 

¿Qué pasaría si las empresas del sector industrial no están muy interesadas en convertirse en concesionarias de espectro?

La interrogante surge del análisis elaborado por Miguel Calderón Lelo de Larrea, exejecutivo de Telefónica, para la ICC México sobre las bases de la Licitación CRT-RRI-01, con la que el regulador pretende concesionar hasta 100 MHz de la banda de 2.3 GHz para desplegar redes privadas en plantas industriales, corredores logísticos, polos mineros y clústeres agroindustriales.

Calderón sostiene que el objetivo de llevar conectividad de baja latencia y alta confiabilidad a la industria es defendible, pero cuestiona que el diseño elegido por la CRT sea necesariamente el mecanismo más eficiente para conseguirlo dentro del contexto mexicano.

Conectividad vs. concesión: La preferencia del mercado

El primer dato que plantea el experto pudiera cambiar el sentido de la discusión.

De acuerdo con una encuesta de Omdia citada por Miguel Calderón, un 62% de las empresas consultadas que se encuentran en distintas etapas de adopción de redes privadas LTE o 5G, prefiere desplegar esas redes utilizando espectro no licenciado o arrendado a un operador móvil, mientras sólo 30% prefiere obtener espectro propio mediante una concesión directa.

La explicación que plantea el autor en su opinión al ICC México es sencilla: Operar y gestionar una red de radiocomunicaciones no forma parte del negocio principal de la mayoría de las empresas industriales, por lo que éstas suelen preferir delegar esa tarea en proveedores especializados.

El mercado quiere conectividad, no necesariamente espectro

El planteamiento introduce una diferencia fundamental: Que una empresa quiera una red privada no significa necesariamente que quiera ser titular del espectro que utiliza esa red, expone Miguel Calderón.

Una fábrica puede necesitar conectividad para automatizar procesos, coordinar robots, monitorear maquinaria o controlar activos críticos.

Un operador logístico puede requerir comunicaciones de baja latencia para sus instalaciones. Una mina puede necesitar una red propia para operar maquinaria y sistemas de seguridad.

Pero de acuerdo con la evidencia citada por Calderón, eso no implica que esos usuarios quieran asumir directamente la responsabilidad regulatoria, técnica y financiera asociada con una concesión de espero.

El análisis recuerda que existen otros modelos internacionales:

En la República Checa, Dinamarca y Noruega, por ejemplo, se han utilizado esquemas en los que el espectro es asignado a operadores móviles con obligaciones para arrendarlo localmente a usuarios industriales.

Finlandia también ha utilizado un modelo híbrido en el que los operadores pueden desplegar la red privada solicitada por un cliente o sublicenciar el espectro radioeléctrico cuando el despliegue directo resulta demasiado costoso.

El factor económico y la incertidumbre en los derechos de uso

Para Calderón, estas experiencias plantean una alternativa al modelo mexicano: Permitir que los operadores establecidos participen y, al mismo tiempo, obligarlos a atender la demanda industrial mediante arrendamiento o despliegue local, en lugar de excluirlos mediante el límite de acumulación espectral.

El segundo problema: Cuánto costará realmente tener ese espectro

La pregunta sobre la demanda se vuelve todavía más relevante cuando aparece el factor económico.

Calderón señala que las bases de la subasta contemplan bloques de 10 MHz que podrán asignarse por Región Industrial o por Polígono.

Sin embargo, advierte que la nueva geografía creada por la CRT —60 Regiones Industriales y polígonos de hasta 200 kilómetros cuadrados— no coincide con las nueve regiones utilizadas actualmente para determinar derechos de espectro bajo la Ley Federal de Derechos.

De acuerdo con su análisis, las bases establecen que los derechos deberán determinarse conforme a dicha ley, pero no precisan la fracción ni la tarifa que correspondería a esta nueva arquitectura de asignación.

NITRO recomienda: Soberanía digital: La nueva pregunta de negocio para empresas y operadores

El autor identifica allí un vacío relevante para conocer el costo real que enfrentará el usuario industrial.

Y aquí aparece una variable que el mercado deberá seguir con especial atención durante el proceso hacia 2027: El Paquete Económico 2027 y las eventuales modificaciones a los derechos por el uso del espectro.

En este punto es importante hacer una precisión, pues al momento del análisis, esas nuevas tarifas todavía no están determinada.

Por ello, no es posible afirmar cuánto pagarán las empresas. Lo que sí puede plantearse es que la incertidumbre sobre el costo recurrente será un elemento adicional que las compañías deberán considerar antes de decidir si participan en la licitación.

La advertencia de la experiencia internacional

¿Es posible que México reserve espectro que después no encuentre suficientes compradores? Miguel Calderón encuentra un antecedente particularmente incómodo en la experiencia internacional.

Su análisis señala que Alemania reservó 100 MHz de la banda de 3.7 a 3.8 GHz para redes privadas desde 2019 y que, tres años después, se habían emitido menos de 300 licencias.

También menciona el caso del Reino Unido, donde las licencias locales de acceso compartido en 3.8-4.2 GHz fueron solicitadas por alrededor de 100 usuarios y sólo utilizaron hasta la mitad del espectro disponible.

Finlandia, por su parte, destinó 20 MHz de la banda de 2.3 GHz a licencias locales para redes privadas y registró un interés limitado, además de restricciones relacionadas con interferencias.

El documento también cita un análisis de la GSMA sobre 51 países entre 2018 y 2022.

Según Calderón, la relación inicial entre la cantidad de espectro reservado y el lanzamiento de redes privadas desaparece cuando se controlan otros factores del mercado, por lo que el estudio no encuentra evidencia causal robusta de que reservar espectro incremente la adopción de redes privadas.

La advertencia para México sería directa: Poner espectro reservado a disposición de la industria no garantiza que la industria vaya a utilizarlo.

Una banda, tres regímenes y una pregunta técnica pendiente

El análisis de Calderón identifica además otro punto que puede resultar determinante para el éxito de la licitación y está en la convivencia de diferentes usos dentro de la misma banda de 2.3 GHz.

Las bases reconocen que esta banda fue incorporada simultáneamente para tres regímenes:

Uso comercial mediante la licitación, uso privado para radiocomunicaciones inteligentes y acceso inalámbrico de carácter público y social.

Sin embargo, Calderón sostiene que el numeral correspondiente sólo establece que el espectro contará con protección contra interferencias perjudiciales, sin desarrollar el mecanismo técnico mediante el cual se garantizará esa convivencia.

El problema no termina en determinar quién tiene derecho a utilizar la banda. También hay que definir qué sucede cuando dos usuarios interfieren entre sí.

El documento plantea que las bases no establecen un mecanismo específico de denuncia, verificación y mitigación para los casos de interferencia.

El experto propone que la CRT desarrolle un procedimiento semejante al que ya existía en el ámbito satelital, con elementos técnicos para documentar la afectación y permitir que la autoridad determine las medidas correspondientes.

La participación como prueba definitiva del mercado

La discusión sobre la primera licitación industrial de la CRT podría terminar reduciéndose a una cifra: Cuántos bloques se colocan efectivamente.

El regulador puede disponer de hasta 100 MHz, diseñar 60 regiones industriales y permitir polígonos específicos. Pero el éxito de la política pública no dependerá únicamente de la cantidad de espectro que se ofrezca, sino de que exista una demanda empresarial suficientemente fuerte para justificar la inversión.

Y ahí está la pregunta incómoda que plantea el análisis de Miguel Calderón Lelo de Larrea:

¿La industria mexicana está esperando realmente espectro propio o está esperando conectividad industrial que alguien más se encargue de operar?

La diferencia entre una y otra idea puede determinar el resultado de la licitación.

Si las empresas quieren conectividad, pero prefieren contratarla a un operador; si el costo recurrente del espectro todavía no está definido; si el escenario fiscal de 2027 puede modificar ese costo; y si además existen dudas sobre la coordinación de interferencias entre distintos usuarios de la banda, la CRT podría descubrir que el desafío no era encontrar espectro para la industria, sino diseñar un modelo que la industria quiera comprar.

Así, dice Miguel Calderón, para México, la prueba definitiva no será cuántos Megahertz pone la autoridad reguladora sobre la mesa. Será sobre cuántos Megahertz está dispuesto a comprar el mercado.

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