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Claro obtiene espectro 5G y paga con escuelas y carreteras conectadas

Colombia y Perú asignaron espectro 5G a Claro acompañado de obligaciones para conectar escuelas y localidades, cubrir carreteras y poner infraestructura de fibra óptica a disposición de terceros.


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    septiembre 8, 2026
Claro obtuvo espectro en Colombia y Perú acompañado de obligaciones para desplegar infraestructura, ampliar cobertura y conectar instituciones educativas, localidades y carreteras. Foto: Especial.
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El precio del espectro no siempre puede significar una transferencia de dinero de la empresa al Estado.

Las operaciones de América Móvil en Colombia y Perú muestran que una parte del valor de las frecuencias también puede convertirse en escuelas conectadas, fibra óptica disponible para terceros, cobertura rural y carreteras con servicio móvil, según un reporte de la compañía.

Claro Colombia vincula espectro 5G con infraestructura educativa

En febrero de 2024, América Móvil obtuvo en Colombia 10 MHz en la banda de 2.5 GHz y 80 MHz en la banda de 3.5 GHz.

La concesión incluyó obligaciones relacionadas principalmente con la construcción de infraestructura en instituciones educativas y con poner infraestructura de fibra óptica a disposición de otros proveedores de telecomunicaciones durante 20 años.

Eso convierte parte de la contraprestación asociada al espectro en infraestructura que puede tener efectos más allá de la propia red móvil del concesionario, de Claro.

Claro Perú lleva el espectro 5G a carreteras y localidades

En diciembre de 2025, la filial peruana de Claro adquirió 100 MHz en los 3.5 GHz, con una vigencia de 20 años renovables y un monto reportado de 2,162.7 millones de pesos.

La asignación incorporó obligaciones para implementar cobertura 4G en 341 localidades y 540 kilómetros de carreteras en un plazo de cuatro años.

Otra manera de pensar el costo del espectro

Los casos no son idénticos y corresponden a marcos regulatorios nacionales distintos.

Pero ambos muestran una idea relevante para América Latina y está en que el Estado puede estructurar parte de la contraprestación de las frecuencias alrededor de obligaciones de cobertura e infraestructura, y no exclusivamente mediante pagos monetarios.

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