Internet con pasaporte: la red se llena de aduanas

Durante décadas nos contaron una historia hermosa: Internet no tenía fronteras. Bastaban un módem, una conexión y algo de curiosidad para que una estudiante en Puerto Rico conversara con un ingeniero en Lisboa. Esa promesa nunca fue perfecta, pero expresaba una aspiración poderosa: Una red capaz de conectar al mundo sin pedir pasaporte.

Hoy esa aspiración enfrenta barreras crecientes. No porque Internet vaya a apagarse de golpe, sino porque gobiernos, conflictos y dependencias tecnológicas están alterando quién puede conectarse, a qué servicios y bajo qué condiciones. Los especialistas hablan de splinternet.

Yo prefiero una imagen más familiar: La red se está llenando de aduanas.

Cuando los gobiernos levantan fronteras digitales

Miremos a Rusia. En febrero, el Kremlin confirmó el bloqueo de WhatsApp y recomendó usar Max, una aplicación respaldada por el Estado, mientras se endurecían las restricciones sobre Telegram.

La medida se apoya en la ley de “Internet soberano” de 2019, reforzada por las reglas vigentes que centralizan la gestión del tráfico. Soberanía, en ese contexto, significa que el Estado decide por dónde circula la información y cuándo restringirla.

Irán ofrece otra expresión de esa lógica. Al apagón de enero siguió otro, iniciado el 28 de febrero, que se prolongó durante meses con restauraciones parciales e irregulares.

Gran parte de la población quedó limitada a servicios nacionales autorizados, mientras ciertos usuarios con tarjetas SIM especiales conservaban acceso internacional. La conexión se volvió un privilegio administrado.

Sería cómodo pensar que esta discusión se limita a los regímenes autoritarios. No es así.

En noviembre de 2025, los veintisiete Estados de la Unión Europea suscribieron una declaración de soberanía digital que defiende la capacidad de elegir tecnologías y reducir dependencias, pero rechaza el aislamiento.

Iniciativas como EuroStack proponen fortalecer capacidades europeas en chips, nube, software e inteligencia artificial, a partir de un dato elocuente: Más del 80% de las tecnologías digitales que usa Europa son importadas. Es un diagnóstico de dependencia, no una muralla.

Los cables submarinos también son territorio geopolítico

Por debajo de todo, literalmente en el fondo del mar, discurre otra vulnerabilidad: Los cables submarinos.

En septiembre de 2025, daños en cables del mar Rojo provocaron demoras en servicios de nube y obligaron a redirigir tráfico. En junio de ese año, un tribunal taiwanés condenó al capitán chino de un buque con bandera de Togo por dañar intencionalmente un cable.

En abril de 2026 se informó de una prueba china de tecnología de corte submarino a 3,500 metros de profundidad, y en mayo medios vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní promovieron reclamaciones y posibles cobros sobre los cables de Ormuz.

Una capacidad no prueba una intención, ni un reclamo crea un derecho, pero ambos revelan cuánto peso geopolítico adquieren las rutas de los datos.

¿Y América Latina? La región también busca fortalecer su infraestructura. Argentina, mediante ARSAT, ofrece servicios de nube y centro de datos. Uruguay, a través de Antel, combina infraestructura local con alianzas internacionales, incluida una con Google Cloud. Chile ya alberga cerca del 15% de los centros de datos de la región.

Son ejemplos de una posibilidad valiosa: Desarrollar capacidades nacionales sin renunciar a la cooperación.

Soberanía digital, entre la protección y el control

Aquí está el nudo. “Soberanía digital” puede significar proteger derechos, diversificar proveedores y fortalecer infraestructura. También puede justificar censura, vigilancia y desconexiones.

Las mismas palabras pueden describir un escudo o encubrir una jaula.

Y tener servidores en el propio territorio no resuelve todas las dependencias. La CLOUD Act, una ley estadounidense de 2018, permite exigir mediante procedimientos legales la entrega de datos bajo control de proveedores sujetos a esa jurisdicción, aunque estén almacenados en otro país.

La prueba, entonces, no es solo dónde están las máquinas, sino qué derechos conserva la ciudadanía, qué controles limitan al poder y si seguimos conectados con el resto del mundo.

En noviembre, los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se reunirán en Doha para su conferencia de plenipotenciarios.

Allí se hablará de conectividad, resiliencia y cooperación tecnológica: Decisiones que influirán en la red que heredarán nuestros hijos.

Mientras tanto, vale la pena hacernos una pregunta incómoda cada vez que desbloqueamos el teléfono:

¿Quién decide lo que aparece en esta pantalla y ante quién responde por esas decisiones? Si no hay transparencia, derechos ni mecanismos para reclamar, el problema no es solo de Rusia o de Irán. También es nuestro.

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