Sobran incentivos, faltan GPU: la carrera latinoamericana por la IA

Periódicamente, olas tecnológicas recorren América Latina desde los cuatro puntos cardinales. La historia de las telecomunicaciones lo confirma: El boom de la telefonía prepaga, la sucesión de generaciones móviles, la fibra óptica como columna vertebral de la banda ancha fija.

La región no escapa a lo que ocurre en el mundo, aunque llega con cierto rezago, y no todas las promesas se cumplen. Alcanza con recordar el WiMAX para saber que el hype también tiene su propio cementerio.

Desde hace pocos años le toca el turno a la inteligencia artificial generativa, que parece imparable. Y con la IA llegó la necesidad de nuevos centros de datos.

América Latina quiere ponerse a tono con el mundo y empezó a competir por esas instalaciones a fuerza de incentivos.

¿Qué es un data center? La definición cambió con el tiempo. Primero fueron salas con mainframes; en la última década del siglo pasado creció el modelo cliente-servidor, con la expansión de PC y servidores dedicados por aplicación.

Ya en este siglo, los centros de datos se convirtieron en el eje de la virtualización y el cerebro de la computación en la nube.

La mayoría de los centros de datos de la región todavía responde a ese último modelo.

Hoy existen 546 en América Latina, de los cuales Brasil concentra el 40%, según Data Center Map.

Si se suman los del Caribe, la cifra trepa a 702, apenas el 6.2% de los 11,248 data centers que hay en el mundo. El número parece exiguo, pero está más o menos alineado con el peso de la región en el PIB mundial, según datos del FMI y el Banco Mundial.

Desde hace unos años, estas instalaciones ganaron otro tipo de notoriedad. Se las empezó a mirar como el sistema nervioso de la economía, infraestructura crítica que procesa el 90% de los datos generados.

Además, con la IA adquirieron relevancia geopolítica, porque el lugar donde se procesa un dato define jurisdicción legal y seguridad nacional.

La nube dejó de ser una metáfora etérea para convertirse en lo que realmente es: Complejos industriales que demandan tierra, energía y agua a una escala nueva.

En la región, sin embargo, todavía no existe un data center propiamente orientado a IA —con GPU, alta densidad, pensado para entrenamiento o inferencia—, aunque ya hay proyectos anunciados o en una construcción muy incipiente. De ahí la relevancia que cobran los incentivos.

Cada país apuesta a ser la plaza elegida antes de que la ola termine de romper.

La nueva carrera por los centros de datos

No todos corren al mismo ritmo. Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador y Paraguay ya aprobaron o están tramitando medidas puntuales para atraer data centers. Argentina, Uruguay, Colombia y República Dominicana están en una etapa más exploratoria, diseñando esquemas sin haberlos aprobado todavía; en Guatemala, directamente, la discusión no pasó de ser un debate de política pública.

Y un tercer grupo conformado por Costa Rica, Panamá, Perú, Honduras, Nicaragua y Bolivia no muestra por ahora ninguna medida pensada específicamente para el sector.

Brasil y Chile marcan el paso

Brasil fue el que más rápido movió. El Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center (Redata) se convirtió en ley el 15 de septiembre de 2026.

El esquema suspende, y una vez cumplidas las contrapartidas convierte en alícuota cero, el PIS/Cofins, el IPI y el Impuesto de Importación sobre la compra o importación de componentes electrónicos y equipamiento de TIC para data centers, durante cinco años.

A cambio, exige que las empresas cubran toda su demanda eléctrica con fuentes renovables o de “bajas emisiones”, una eficiencia hídrica de 0.05 litros de agua por kWh o menos, una inversión en I+D equivalente al 2% del valor de los bienes adquiridos con el beneficio, y que al menos el 10% de la capacidad de procesamiento quede disponible para el mercado interno (exigencia que puede reemplazarse por otro 10% adicional en I+D).

Como incentivo a la descentralización, los proyectos que se instalen en el Norte, el Nordeste o el Centro-Oeste tienen esos requisitos reducidos en un 20 por ciento.

El propio texto, en su artículo 11-B, ata esa inversión en I+D a programas prioritarios de la cadena productiva de la economía digital, desarrollados junto con institutos de ciencia y tecnología, universidades, empresas estatales u organizaciones sociales.

Chile avanzó por otra vía, sin necesidad de una ley: El Plan Nacional de Data Centers, lanzado en diciembre de 2024 con horizonte a 2030, es una hoja de ruta de nueve medidas para dar certeza regulatoria y orientar al sector hacia un modelo descentralizado, de bajo impacto socioambiental y sostenido en energías renovables.

El crecimiento es elocuente. La capacidad instalada no llegaba a 35 MW en 2013, trepó a 82.3 MW cinco años después y en la actualidad ronda los 198 MW.

Para 2028 hay 30 proyectos nuevos en danza: 14 en etapas tempranas, con una inversión potencial de 1,217 millones de dólares y 16 ya en ejecución, por 2,931 millones de dólares.

El plan dedica, además, un apartado específico a la IA: Promueve un acuerdo entre el Estado y las empresas internacionales que operen en el país para garantizar a instituciones chilenas el acceso a infraestructura de cómputo avanzada para investigación y desarrollo, y para formar capital humano con foco en las necesidades de la industria.

De las exenciones fiscales a los proyectos de inversión

Ecuador eligió el camino de las zonas francas. El 18 de mayo de 2026, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 387, que reforma el reglamento general de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo para crear “zonas francas industriales de servicio tecnológico”.

Son áreas delimitadas para software y servicios cloud, blockchain, inteligencia artificial, fintech, ciberseguridad, telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento de datos, biotecnología y desarrollo de videojuegos, entre otras actividades.

El beneficio es tributario: Renta en 0% los primeros cinco años y luego una tarifa fija del 15%, con exoneración total de IVA, del Impuesto a la Salida de Divisas y de arancele. Aunque la norma no nombra explícitamente a los centros de datos; en todo caso, podrían encuadrar en alguna de las categorías existentes. La primera zona franca tecnológica del país se inauguró en Cuenca el 13 de agosto.

El Salvador fue el más temprano: Aprobó en 2023 la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, que da beneficios fiscales por 15 años a actividades que van del desarrollo de software a la computación en la nube, la inteligencia artificial, el big data, blockchain y la computación cuántica, pasando por la manufactura de hardware y semiconductores.

Exención total de renta y sus retenciones, de impuestos municipales sobre el activo neto, de ganancia de capital y de aranceles de importación sobre bienes e insumos: Todo sin exigir un monto mínimo de inversión ni un piso de empleos, abierto a personas naturales o jurídicas de cualquier nacionalidad.

Uruguay, en cambio, todavía no tiene una ley propia, que está bajo estudio, pero eso no le impidió anunciar al gobierno de Yamandú Orsi una inversión de 5,700 millones de dólares de la española Solaria, de los cuales 5,500 millones van a un parque de centros de datos de 500 MW (200 en Canelones para 2029, otros 300 en San José en una segunda fase) y 200 millones de dólares a generación solar propia en Florida.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el proyecto corre bajo el régimen general de zona franca, no bajo un instrumento pensado para el sector, y promete 3,100 empleos de construcción y 1,500 permanentes.

Argentina quedó en el medio del camino. El “Súper RIGI” (la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) busca promover nuevas industrias como IA o semiconductores, y exige un piso de inversión de 1,000 millones de dólares a cambio de un Impuesto a las Ganancias del 15% (contra el 25% del RIGI original y el 35% general), arancel cero para importaciones y exportaciones del proyecto, acceso pleno a divisas desde el tercer año y 30 años de estabilidad normativa.

Diputados le dio media sanción el 24 de junio, pero desde entonces quedó trabado en el Senado, sin fecha de tratamiento a la vista.

Si algo deja en claro este primer repaso es que la carrera recién empieza.

Los incentivos están y algunos han dado fruto al menos en anuncios. La pregunta que queda abierta es cuántos de estos anuncios se van a convertir en cemento, cables y GPU, y cuántos quedarán, como WiMAX, en una promesa más del catálogo tecnológico de la región.

América Latina tiene incentivos, pero le faltan GPU

Está claro que la carrera por atraer centros de datos tiene como fin integrarse, de alguna manera, en las cadenas de desarrollo de la IA.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) de 2026, realizado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) da indicios de la situación de la región en términos de poder cómputo.

El indicador mide la presencia de aquellos elementos necesarios para procesar grandes volúmenes de datos y realizar cálculos complejos, propios del desarrollo de la investigación científica de frontera o del desarrollo de aplicaciones de IA.

El estudio releva el número de GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico, que permite miles de operaciones matemáticas de forma simultánea) instalados en clúlster que poseen GPU o más

En total, América Latina cuenta con 17,330 GPUs; en términos absolutos, Brasil concentra ampliamente la mayor cantidad de GPUs, con 15,200 instaladas, seguido por Ecuador y Argentina, con 728 y 397 GPUs, respectivamente. Al normalizar estos resultados por población, Brasil mantiene el liderazgo, con 71.4 GPUs por millón de habitantes.

Le siguen Ecuador, con 39.8; Chile, con 18; Uruguay, con 16 y Argentina, con 8.7, todos por sobre el promedio regional de 8.5 GPUs por millón de habitantes.

Para poner la cifra en escala: Toda la capacidad regional identificada equivale a un solo clúster mediano de un laboratorio de frontera de Estados Unidos.

Dicho de otra manera, toda la capacidad de América Latina es menor a la utilizada por Meta para desarrollar su familia de modelos de lenguaje de código abierto Llama 3.1, lanzada por esa compañía el 23 de julio de 2024.

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