De inteligencia artificial a superinteligencia: ¿quién define el futuro tecnológico?

Cambiar el nombre de una tecnología no cambia necesariamente sus capacidades. Pero sí puede transformar la manera en que gobiernos, empresas y ciudadanos perciben su poder, sus promesas y sus riesgos.

Por eso, la decisión de sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en determinadas comunicaciones oficiales de la Casa Blanca no debe interpretarse como un simple ajuste de lenguaje.

Es, sobre todo, una decisión política sobre cómo se presenta —y cómo se pretende dirigir— el futuro tecnológico.

El 29 de septiembre, la Casa Blanca emitió la Orden Ejecutiva 14434, Inaugurating the Era of Super Intelligence, e instruyó al Poder Ejecutivo federal a emplear esa nueva denominación en ciertos contextos.

Sin embargo, el cambio no certifica que exista ya una inteligencia artificial que haya superado de forma amplia y generalizada nuestras capacidades humanas.

Mientras se desarrolla una definición federal más precisa, la orden mantiene dentro de “superinteligencia” las tecnologías y sistemas que ya comprendía la definición legal vigente de inteligencia artificial.

Entonces, la pregunta no es únicamente si las máquinas han llegado a ser “superinteligentes”.

La pregunta más importante es quién define ese concepto, qué intereses se fortalecen con esa narrativa y quién responde por sus consecuencias cuando estas tecnologías influyen en decisiones públicas, empleos, derechos, información, seguridad y vida cotidiana.

Cambiar el nombre también cambia la conversación

La nueva narrativa puede impulsar decisiones sobre centros de datos, energía, semiconductores, redes de telecomunicaciones, investigación científica, desarrollo de capacidades profesionales y seguridad nacional.

Sin embargo, también conlleva un riesgo: Que el debate se concentre en la capacidad de las máquinas y deje en segundo plano el fortalecimiento institucional, la protección de los derechos individuales y las condiciones sociales necesarias para que la tecnología genere valor público.

Desde la perspectiva de la transformación digital y del ecosistema de Internet, este asunto es fundamental.

La inteligencia artificial no opera de manera aislada: Depende de energía, redes, centros de datos, servicios en la nube, datos, protocolos y, sobre todo, de personas que toman decisiones.

Sin conectividad confiable, infraestructura resiliente, estándares que favorezcan la interoperabilidad y medidas de seguridad adecuadas, la promesa de la superinteligencia no pasa de ser un discurso sin base sólida.

La superinteligencia también necesita infraestructura

La Casa Blanca presentó este cambio como parte de una estrategia para sostener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos, apoyado en sus empresas, universidades, infraestructura e innovación.

Precisamente por ello, importa observar quiénes participan en la conversación que acompaña este giro discursivo.

En ese contexto, la presencia de líderes de las principales compañías de inteligencia artificial en los espacios de diálogo del gobierno federal no debe interpretarse como un simple detalle.

¿Autorregulación o supervisión pública?

Junto con el anuncio, ejecutivos de varias compañías tecnológicas suscribieron el White House Accord on Super Intelligence, un pacto voluntario de autorregulación. Aunque durante su presentación pública fue descrito como un compromiso “moralmente vinculante”, esa expresión no le concede fuerza de ley ni crea obligaciones jurídicamente exigibles.

El documento propone que las empresas adopten controles internos, designen equipos para verificarlos, recurran a evaluaciones externas independientes y establezcan mecanismos de seguimiento desde sus juntas directivas.

Su efectividad depende, principalmente, de la voluntad de las compañías signatarias para desarrollar sistemas avanzados con salvaguardas.

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El acuerdo confirma la influencia de las empresas que controlan modelos avanzados, servicios en la nube, capacidad de cómputo, plataformas digitales, datos y herramientas de uso masivo en la definición de la política tecnológica. Su conocimiento técnico es indispensable, pero surge una pregunta esencial: ¿Basta la autorregulación empresarial o hace falta una supervisión pública independiente y transparente?

La gobernanza tecnológica debe incluir más voces. De lo contrario, la innovación podría responder solo a intereses de mercado o competencia geopolítica, dejando en segundo plano la privacidad, el acceso, los sesgos, el empleo, la transparencia, los derechos humanos y la rendición de cuentas.

América Latina ante la era de la superinteligencia

La discusión también alcanza a América Latina y el Caribe. El nuevo lenguaje de Washington se inserta en una competencia global que plantea oportunidades y desafíos para la región, tanto en la adopción de tecnologías como en el desarrollo de infraestructura, capacidades técnicas y soluciones que respondan a sus realidades sociales, lingüísticas, culturales y jurídicas.

La superinteligencia no debe provocar fascinación automática ni temor paralizante. Debe motivar preguntas más rigurosas: ¿Quién decide qué significa “super”? ¿Quién controla los recursos que hacen posibles estas capacidades? ¿Qué voces están presentes —y cuáles quedan excluidas— al definir las políticas tecnológicas? ¿Quién responde cuando un sistema se equivoca, discrimina, vulnera la privacidad o afecta derechos?

Cuanto más decisivos sean estos sistemas para la vida pública y económica, más rigurosas deberán ser las reglas de transparencia, supervisión y responsabilidad. El reto para América Latina y el Caribe no consiste únicamente en adoptar la tecnología que viene, sino en preservar la capacidad de decidir, con criterio propio, qué futuro tecnológico queremos construir.

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