Puerto Rico entra en una nueva etapa de conectividad: 334 millones de dólares no bastan para cerrar la brecha digital

Puerto Rico se encuentra ante una oportunidad relevante para adelantar la reducción de su brecha digital.

El archipiélago cuenta con una asignación de aproximadamente 334.6 millones de dólares bajo el programa federal Broadband Equity, Access and Deployment, conocido por sus siglas en inglés como BEAD.

Con la propuesta final ya aprobada, el reto pasa de la planificación a la ejecución:

Ampliar la infraestructura de Internet de alta velocidad y promover un acceso más confiable y asequible en las comunidades sin servicio o con servicio insuficiente.

Los fondos de BEAD son administrados a nivel federal por la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), una agencia adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En Puerto Rico, el Programa de Banda Ancha —también identificado como Smart Island— coordina la planificación y ejecución local de iniciativas dirigidas a ampliar la infraestructura y cerrar la brecha digital.

Pero el verdadero desafío no será únicamente desplegar infraestructura. Será lograr que esa infraestructura se convierta en acceso útil, estable y asequible para sus ciudadanos”.

El reto no termina cuando llega la cobertura

Durante años, la conversación sobre conectividad se ha concentrado en mapas, velocidades anunciadas y zonas de cobertura. Son indicadores necesarios, pero podrían resultar incompletos al momento de realizar un análisis más riguroso.

Una dirección puede aparecer como servida y, aun así, la experiencia de quienes viven allí puede ser muy distinta: un precio que excede el presupuesto familiar, una conexión que no permite participar adecuadamente en una videollamada, interrupciones recurrentes o la falta de equipos y destrezas para utilizar los servicios digitales.

La pregunta de fondo no es solamente cuántos hogares tendrán Internet disponible. La pregunta es cuántas personas podrán utilizarlo de forma confiable para estudiar, trabajar, emprender, acceder a servicios de salud, realizar trámites públicos y mantenerse informadas durante una emergencia.

Internet también es infraestructura crítica

Puerto Rico tiene condiciones que hacen esta discusión particularmente importante.

Su geografía, la ubicación apartada de algunas comunidades como son las zonas rurales y la exposición a huracanes —como Irma y María—, inundaciones, recientes temblores y fallas eléctricas obligan a pensar la conectividad como infraestructura crítica.

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Una red puede cumplir con parámetros técnicos de cobertura y, sin embargo, resultar insuficiente si no resiste eventos extremos o si depende de sistemas energéticos vulnerables.

De ahí surge una conversación necesaria: ¿Qué estándares de resiliencia deben cumplir las redes financiadas con fondos públicos? ¿Cómo pueden incorporarse la redundancia, la energía de respaldo, el mantenimiento preventivo y alternativas de conectividad para las comunidades que puedan quedar aisladas? Y, sobre todo, ¿cómo se evaluará el desempeño de esas redes desde la experiencia cotidiana de sus usuarios?

Los mapas deben reflejar la experiencia de los usuarios

El programa de banda ancha de Puerto Rico contempla mecanismos para cuestionar los datos de cobertura. Esto puede ser una herramienta valiosa si se utiliza para integrar la experiencia de municipios, organizaciones comunitarias, escuelas, bibliotecas, pequeñas empresas y residentes.

No se trata de convertir la política pública en una disputa técnica, sino de asegurar que los mapas reflejen la realidad de quienes dependen de una conexión para participar plenamente de la vida social y económica.

La transparencia será otro elemento indispensable. La ciudadanía debe poder conocer cuáles comunidades serán atendidas, con qué tecnología, en qué calendario, bajo qué criterios de priorización y con qué obligaciones de calidad y asequibilidad. La inversión pública gana legitimidad cuando sus resultados pueden verificarse.

Cerrar la brecha digital exige algo más que redes

Reducir la brecha digital requiere el despliegue de fibra, redes móviles, soluciones inalámbricas y, donde sean necesarias, alternativas satelitales. Pero también requiere dispositivos adecuados, alfabetización digital —incluidas estrategias dirigidas a los adultos mayores—, atención al usuario y precios compatibles con la realidad económica de los hogares. La tecnología elegida debe responder a necesidades presentes y futuras, no solamente al menor costo inicial.

La discusión sobre dispositivos, alfabetización digital y asequibilidad también depende de decisiones federales aún en desarrollo. La propuesta final de Puerto Rico señaló en diciembre de 2025 que aguardaba orientación de la NTIA sobre actividades no relacionadas directamente con el despliegue, incluidas iniciativas de dispositivos asequibles.

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En septiembre de 2026, la NTIA abrió una ronda suplementaria para atender ubicaciones que puedan continuar sin servicio, mientras la guía sobre otros usos de fondos permanece pendiente.

Si la meta es que cada comunidad pueda acceder a Internet, ¿cómo se asegurará también que las personas cuenten con los dispositivos, las destrezas y la capacidad económica para aprovechar esa conexión?

Puerto Rico tiene ante sí la posibilidad de transformar la conectividad en una herramienta de inclusión y resiliencia.

La meta no debería limitarse a que más lugares aparezcan conectados en un mapa. Debe ser que más personas puedan disfrutar de un Internet estable, seguro, asequible y capaz de abrir oportunidades reales.

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