Una red sostenible tiene que cerrar tres cuentas: empresa, Estado y personas

Una red puede ser rentable y aportar poco a una prioridad pública. También puede cumplir una meta gubernamental de cobertura sin generar ingresos suficientes para sostener su operación. Incluso puede incorporar la tecnología más avanzada y terminar ofreciendo un servicio que pocas personas pueden pagar o utilizar.

En América Latina solemos examinar estos resultados por separado. Los operadores hablan de retorno, los gobiernos de cobertura y la ciudadanía de precio y calidad. Sin embargo, todos están mirando la misma infraestructura desde cuentas diferentes.

La próxima etapa de las telecomunicaciones exige hacerlas coincidir.

La cuenta de la empresa

La búsqueda de nuevos ingresos alrededor de 5G ha colocado varias posibilidades sobre la mesa: acceso fijo inalámbrico, redes privadas, segmentación de red y servicios apoyados en capacidades programables.

Algunas ya se convirtieron en productos comerciales. Claro Colombia, por ejemplo, ofrece internet residencial mediante acceso fijo inalámbrico —FWA, por sus siglas en inglés— sobre su red 5G, con un plan de 200 Mbps.

FWA permite aprovechar capacidad de la red móvil para captar ingresos residenciales sin extender fibra hasta cada vivienda. No es un negocio creado exclusivamente por 5G: Existe sobre 4G desde hace años. La quinta generación aporta mayor capacidad y permite atender más tráfico, pero el ingreso aparece porque existe un cliente dispuesto a pagar por una conexión que puede instalarse rápidamente.

Las redes privadas siguen otra lógica. Una industria paga por conectividad dedicada cuando puede relacionarla con productividad, automatización, seguridad o continuidad operacional. La fábrica de Nestlé en Caçapava, Brasil, amplió en 2024 la utilización de su red privada 5G autónoma —Standalone— después de los resultados obtenidos en el proyecto inicial. La conectividad se integró con líneas de producción, mantenimiento remoto y nuevos procesos industriales.

Estos casos muestran que una tecnología comienza a monetizarse cuando deja de venderse como tecnología.

El hogar compra acceso. La industria compra productividad. El operador obtiene ingresos porque resuelve un problema que ya tenía valor económico para el cliente.

La segmentación de red, conocida como network slicing, todavía debe recorrer esa distancia. Su capacidad para ofrecer condiciones diferenciadas de calidad, latencia o disponibilidad resulta atractiva, pero depende del avance de las redes 5G autónomas y de la creación de productos que puedan contratarse, medirse y facturarse.

Según GSMA, poco más de 70 operadores, alrededor del 20% de quienes ofrecen 5G, habían activado redes autónomas al momento de su informe. La capacidad de segmentar una red no representa por sí sola una fuente de ingresos. Todavía hace falta identificar quién pagará por ella, qué desempeño recibirá y qué ocurrirá cuando el nivel de servicio acordado no se cumpla.

La primera cuenta cierra cuando la capacidad técnica encuentra una demanda real y puede sostener el costo de prestarla.

La cuenta del Estado

Los gobiernos latinoamericanos observan la infraestructura desde otra realidad. Cada recurso destinado a conectividad compite con necesidades inmediatas en salud, educación, alimentación, vivienda o seguridad. La inversión digital debe justificar su lugar dentro de presupuestos siempre limitados.

Por eso resulta comprensible que los Estados busquen mecanismos capaces de acelerar los resultados. Las obligaciones de cobertura asociadas al espectro, los fondos de servicio universal, las alianzas con operadores y la contratación de soluciones satelitales responden a esa necesidad.

En junio de 2026, Paraguay anunció la incorporación de 1,600 kits de Starlink para conectar escuelas rurales, centros de salud y otros lugares estratégicos. Los primeros 100 equipos ya habían sido instalados en el Chaco como parte de una etapa inicial.

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La conectividad satelital ofrece una ventaja evidente en lugares remotos: La infraestructura principal ya fue financiada y desplegada por el proveedor. El Estado puede contratar el servicio y conseguir resultados en plazos mucho menores que los requeridos por una construcción terrestre.

La rapidez forma parte del valor de la solución. La cuenta pública también debe incorporar el costo durante toda la vigencia del proyecto, la continuidad, el mantenimiento, la asistencia local y las condiciones que regirán cuando termine el contrato inicial.

Algo similar ocurre con las obligaciones de inversión asumidas por los operadores. Un compromiso anunciado no puede contabilizarse de la misma manera que una infraestructura terminada y operativa. El Estado necesita metas intermedias, plazos comprobables, mediciones independientes y consecuencias aplicables ante un incumplimiento.

La cantidad de radiobases, kilómetros de fibra o terminales instalados permite verificar avances físicos. El resultado público aparece cuando esa infraestructura empieza a resolver el problema para el cual se comprometieron los recursos.

La segunda cuenta cierra cuando el Estado puede demostrar qué problema resolvió, cuánto le costó y durante cuánto tiempo podrá sostener el resultado.

La cuenta de las personas

La tercera cuenta suele aparecer al final de los proyectos, aunque debería formar parte de su diseño.

Una familia no compra una generación tecnológica. Compra la posibilidad de estudiar, trabajar, vender, realizar trámites y comunicarse. Una fábrica no incorpora una red privada para exhibir antenas, sino para operar mejor. Una escuela conectada necesita que docentes y estudiantes puedan utilizar la conexión. Un centro de salud necesita disponibilidad cuando debe atender a un paciente.

Las personas también forman parte de la sostenibilidad económica. Su decisión de contratar, utilizar y permanecer en un servicio determina la demanda que sostiene la inversión. Su experiencia influye en la reputación del operador, en la adopción de nuevas soluciones y en la legitimidad de las políticas públicas.

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El impacto humano no constituye una compensación social añadida al negocio. Es una de las condiciones para que el negocio y la política pública funcionen.

Esta cuenta tampoco se limita al usuario residencial. Una red privada puede mejorar la seguridad de los trabajadores y fortalecer una actividad productiva de la que dependen empleos y proveedores. Una conexión rural puede permitir que un pequeño productor acceda a mercados, información y servicios financieros. Una red más resiliente puede mantener comunicada a una comunidad durante una emergencia.

La tercera cuenta cierra cuando la infraestructura produce una mejora que alguien puede experimentar en su vida o en su trabajo.

El punto de encuentro

Mi lectura es que la discusión sobre monetización necesita incorporar simultáneamente estas tres perspectivas.

FWA, las redes privadas, el satélite y el slicing representan modelos diferentes. Cada uno puede cerrar una cuenta antes que las otras: generar ingresos, acelerar una política pública o resolver una necesidad concreta. Su sostenibilidad dependerá de que el diseño técnico, el modelo comercial y las condiciones regulatorias consigan alinear los tres resultados.

Ninguna tecnología puede hacerlo automáticamente. Esa convergencia se construye mediante inversiones, contratos, regulación y mecanismos de medición coherentes con el problema que se busca resolver.

Una red sostenible

Los directorios necesitan evaluar el retorno financiero porque de él depende la próxima inversión. Los gobiernos deben exigir resultados verificables porque administran recursos que pertenecen a la sociedad. Las personas necesitan servicios útiles y asequibles porque son quienes convierten la infraestructura en actividad económica, oportunidades y bienestar.

Cuando la cuenta empresarial no cierra, la red deja de crecer. Cuando la cuenta pública no cierra, los recursos se consumen sin resolver la necesidad que justificó su asignación. Cuando la cuenta de las personas no cierra, la infraestructura puede existir y permanecer ajena a la vida cotidiana.

La decisión estratégica no consiste solamente en elegir entre fibra, FWA, redes privadas, satélite o slicing. Consiste en encontrar la arquitectura técnica, comercial y pública que permita sostener el resultado.

La red que América Latina necesita construir será la que consiga cerrar las tres cuentas.

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