Australia obliga a dar cobertura móvil en zonas rurales; ¿qué puede aprender México?

Australia aprobó una ley que obligará a sus tres principales operadores de telecomunicaciones a proporcionar cobertura móvil básica en exteriores, incluso en regiones donde instalar antenas terrestres resulta poco rentable.

La medida podría ser un ejemplo para México, con respecto a cómo llevar conectividad a comunidades rurales y quién debe financiarla.

La nueva Obligación Universal de Servicios Móviles en Exteriores (UOMO) comprende llamadas de voz y mensajes SMS.

Esto significa que Telstra, Optus y TPG Telecom deberán apoyarse en sus redes terrestres y en tecnologías de comunicación directa entre satélites y teléfonos móviles, conocidas como direct-to-device (D2D).

La obligación comenzará, en principio, el 1 de diciembre de 2027, aunque el gobierno australiano podrá ajustar su implementación según la evolución del mercado y la tecnología.

El cambio es significativo porque, aunque la telefonía móvil es utilizada ampliamente por la población australiana, menos de un tercio de su territorio dispone de cobertura móvil terrestre.

La nueva legislación busca ampliar el acceso a comunicaciones esenciales sin exigir que toda la superficie nacional cuente con antenas convencionales.

Sin embargo, la cobertura universal propuesta no significa Internet móvil de alta velocidad en cualquier lugar. El mínimo inicial comprende voz y SMS en exteriores, sujeto a condiciones técnicas y excepciones regulatorias.

México también enfrenta el desafío de conectar territorios aislados

Cobertura móvil rural, el desafío compartido de Australia y México

La experiencia australiana encuentra un punto de comparación en México, donde la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establecer obligaciones de cobertura geográfica, poblacional y social a los concesionarios.

El Programa de Conectividad en Sitios Públicos y Áreas de Atención Prioritaria 2026 identificó 72,233 localidades con brechas de asequibilidad o condiciones prioritarias, que sirven como referencia para orientar las acciones de cobertura social.

México también ha comenzado a modificar obligaciones heredadas de servicios tradicionales. En septiembre, la CRT estableció compromisos para que Telmex y Telnor lleven fibra óptica a 60 localidades y habiliten 100 puntos de conexión que permitan a proveedores locales atender otras 501.

Estas medidas corresponden a conectividad fija y mayorista, por lo que no equivalen a una obligación nacional de cobertura móvil básica en exteriores como la australiana.

Los satélites amplían la cobertura, pero ¿quién paga?

El modelo australiano también enfrenta obstáculos, porque un análisis de la Biblioteca Parlamentaria de ese país advirtió que las compañías móviles podrían depender de operadores satelitales extranjeros para cumplir sus obligaciones, sin que estos últimos estén sujetos necesariamente a las mismas exigencias de precio y cobertura.

La industria australiana ha señalado, además, la necesidad de resolver la disponibilidad de espectro radioeléctrico, la integración tecnológica y los acuerdos comerciales antes de ofrecer servicios D2D de manera generalizada.

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El financiamiento representa otro desafío, debido a que la conectividad satelital puede ampliar el alcance geográfico, pero no elimina los costos de operación ni garantiza que los servicios resulten asequibles para las comunidades más alejadas.

También persisten interrogantes sobre la compatibilidad de los teléfonos, la confiabilidad de las comunicaciones y el acceso efectivo a servicios de emergencia.

Para México, la experiencia australiana no constituye una fórmula que pueda trasladarse automáticamente. Su utilidad está en mostrar que la cobertura móvil universal puede discutirse como una obligación de servicio, y no solamente como una meta de despliegue de infraestructura.

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